El pasado miércoles por la noche, cuando se votaba en el pleno del Senado el dictamen de las cinco leyes secundarias en materia de reforma político-electoral, el PRD se dio cuenta de la inclusión del artículo que posibilita otorgar pensiones vitalicias a los magistrados electorales y exigió al PRI retirarlo, pero los priístas lo consultaron con el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, y éste se negó.

El perredista Luis Sánchez comentó que fueron sorprendidos porque un día antes hubo un intento por introducir ese cambio en el dictamen, pero les aseguraron que quedaría fuera. Cerca de las 11 de la noche de ese miércoles, él mismo presentó una reserva para eliminar fracción 31 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pero ya no fue posible votarlo; estaba fuera de tiempo.

De acuerdo con versiones de senadores del PAN y PRD, ese artículo no estuvo nunca en la mesa de discusión durante los más de dos meses que se negoció esa legislación secundaria y fue introducido de manera subrepticia por Castillejos.

La única voz discordante fue el panista Roberto Gil, presidente de la Comisión de Justicia, quien aseguró que estaba en todos los documentos que se negociaron, hasta el dictamen final, ya que era parte de las negociaciones del Pacto por México.

Lo desmintieron sus correligionarios Javier Corral, Héctor Larios y Juan Carlos Romero Hicks, al igual que los perredistas Dolores Padierna, Luis Sánchez y Alejandro Encinas.

Este último dijo que desde la mesa de negociaciones rechazó la incorporación al dictamen de ese ‘‘bono millonario de retiro para los magistrados’’ y el tema no se trató en la discusión de las leyes secundarias.

Encinas Rodríguez recalcó que hay pruebas de que en el documento base del 5 de mayo, no estaba ese cambio y apareció de forma sorpresiva en el proyecto de dictamen acordado la madrugada del martes 13.

El panista Javier Corral sostuvo que se trató ‘‘de un gol’’ que les anotaron y responsabilizó de ello al consejero jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos, quien participó en la negociación.

Resaltó que el funcionario tuvo en todo momento el control del dictamen, por lo que sería el responsable material de ‘‘un cochupo’’ que puede ser por un cambio de favores. Corral recordó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene pendiente resolver el caso Monex y el rebase de topes de campaña de Enrique Peña Nieto.

Los también panistas Héctor Larios y Juan Carlos Romero Hicks sostuvieron que ignoraban que se hubiera incluido tal ordenamiento en la legislación secundaria, ya que en ningún momento se discutió. Sin embargo, su compañero Gil Zuarth aseguró que la disposición estuvo en todos los proyectos de dictamen que se negociaron. “No hay ninguna sorpresa. Yo asumí que era parte de los compromisos del Pacto por México. Esa es la razón por la que no hubo ninguna observación nuestra’’.

Gil expuso que en la redacción del artículo sólo se establece que el comité de administración del TEPJF tendrá la facultad de ‘‘determinar, en su caso, el haber de retiro de los magistrados de la sala superior’’, y ello, recalcó el panista, ‘‘no implica de forma alguna el otorgamiento de un bono o de una pensión vitalicia’’.

Coincidente con ello, por la noche, el priísta Miguel Ángel Chico Herrera, presidente de la Comisión para la Reforma del Estado, a través de un comunicado sostuvo que ‘‘es impreciso’’ señalar que el Senado haya aprobado pensión vitalicia para los magistrados electorales. Se trata de un ‘‘haber de retiro’’ que debe ser aprobado por la comisión de administración del TEPJF.