El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de dos magistrados, un juez federal y un ex secretario técnico que laboraba directamente con el consejero Daniel Cabeza de Vaca, para que la dependencia investigue posibles conductas ilícitas relacionadas con actos de corrupción.

En un comunicado, el organismo administrativo y disciplinario del Poder Judicial Federal informó este miércoles que la institución optó por querellarse contra estos ex funcionarios judiciales, luego de la difusión en medios de comunicación de conversaciones telefónicas que los vinculan con el abogado de Juan José Rojas Cardona, conocido como el zar de los casinos.

Los funcionarios que enfrentan denuncias penales son los magistrados de circuito Eduardo Ochoa Torres, ex presidente del tercer tribunal colegiado en materia civil con sede Monterrey, Nuevo León; José Manuel Rodríguez Puerto, ex integrante del primer tribunal colegiado en materia penal y del trabajo con sede en el estado de Tamaulipas.

Además Javier Rubén Lozano Martínez, ex juez segundo de distrito en materia administrativa, con sede en Monterrey, y Mario Alberto Prado Rodríguez, ex secretario técnico del consejero Daniel Cabeza de Vaca.

Los impartidores de justicia fueron suspendidos por el CJF desde la semana pasada.

El Consejo de la Judicatura explicó que se trata de una denuncia de hechos ante posibles conductas constitutivas de delitos, basadas en notas periodísticas que la semana pasada dieron a conocer conversaciones telefónicas del abogado de Rojas Cardona, en las que se involucran a los ex funcionarios judiciales destituidos.

El fundamento del escrito de denuncia, según la Judicatura, es el artículo 21, párrafos primero y segundo de la Constitución General de la República, así como los artículos 113, 116, 117, 118 y otros del Código Federal de Procedimientos Penales.

El CJF explicó que las investigaciones que redunden en posibles sanciones administrativas las efectuará la Judicatura de manera paralela a las que realice la PGR.

No es usual que el Consejo de la Judicatura opte por interponer denuncias contra jueces que la propia institución investiga, ya que en otros hechos similares vinculados con empresas de casinos sólo se había optado por suspenderlos de sus cargos.

‘‘El Consejo de la Judicatura Federal expresa su determinación de aportar todos los elementos que permitan fortalecer las acciones de la autoridad ministerial federal, a fin de que si se comprueba alguna conducta constitutiva de delito ésta sea sancionada, en virtud de que se trata de servidores públicos que tienen la alta responsabilidad de impartir justicia’’, puntualizó el organismo.