Guatemala, 14 de mayo.

El Congreso de Guatemala aprobó la noche del martes una resolución no vinculante en la que se niega que haya existido genocidio en Guatemala en el conflicto armado interno de 1960 a 1996, al tiempo que hizo un llamado a la reconciliación nacional.

La determinación fue calificada de ofensiva, racista e ilegal por las víctimas que llevaron al ex general Efraín Ríos Montt (1982-1983) a un histórico juicio el año pasado por la matanza de miles de indígenas durante su gobierno de facto, y por el que fue condenado a 80 años de prisión el 10 de mayo de 2013.

Diez días después, la máxima entidad judicial del país anuló la sentencia contra Ríos Montt alegando errores procesales, y luego ordenó un nuevo juicio para el 5 de enero de 2015, paralelamente a un proceso de solicitud de amnistía que inició el ex dictador ante la misma corte.

El Congreso de Guatemala aprobó una resolución anoche que establece: “a consecuencia del enjuiciamiento penal, conocido como ‘el juicio del siglo’”, la legislación imperante da cuenta que de los elementos que conforman los tipos penales señalados resulta jurídicamente inviable que se diera en Guatemala, principalmente en cuanto a la existencia en nuestro suelo patrio de un genocidio durante el enfrentamiento armado interno”.

Y expuso: esta discusión (sobre el genocidio) trasciende a los tribunales y se da en los medios de comunicación social, sectores de opinión, pueblos, plazas, calles, comunidades y en los hogares guatemaltecos, abriendo así nuevamente la polarización entre hermanos, propiciando opiniones contrarias a la paz, y que impiden una definitiva reconciliación.

La iniciativa, apoyada por 87 de los 111 diputados presentes en la sesión (la cámara está integrada por 157 lesgisladores), fue propuesta sorpresivamente por Luis Fernando Pérez, del Partido Republicano Institucional (PRI), fundado por Ríos Montt.

El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de la Organización de Naciones Unidas (ONU), emitido en 1999, tres años después de haberse firmado la paz, ratificó que en Guatemala hubo genocidio durante la guerra de 36 años que dejó más de 200 mil muertos y desparecidos.

Explicó que en el país hubo actos de genocidio entre 1981 y 1983, cuando el ejército identificó a los indígenas como enemigos internos y a miles de ellos los torturó, violó, desplazó y asesinó.

Durante el juicio contra el ex dictador, el actual presidente Otto Pérez Molina aseguró que no hubo genocidio en el país, sino un enfrentamiento entre dos bandos: el ejército y la guerrilla.

Diputados opositores y grupos humanitarios rechazaron hoy la decisión del Congreso, al considerarla una afrenta a las víctimas de la guerra y una intromisión al Poder Judicial. Como representante de víctimas hemos respetado el proceso (contra Ríos Montt), pero si el Congreso hace eso sería un revés muy grande en la lucha contra la impunidad, dijo el querellante Edgar Pérez.

Esto es una burla a las víctimas; lo que quieren es mantener la impunidad para que no se conozca la verdad, reclamó Benjamín Gerónimo, representante de las víctimas que llevaron a juicio a Ríos Montt.

Amílcar Pop, diputado de la ex guerrillera Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, consideró que la decisión del Congreso fortalece la impunidad y la violación de derechos humanos.

A la indignación se unieron miles de usuarios de redes sociales, así como activistas y organizaciones de derechos humanos. El hashtag #sihubogenocidio se convirtió este miércoles en tendencia en Twitter.

Por el contrario, el diputado Pérez, ponente de la iniciativa, argumentó que es necesario trabajar por la reconciliación en el país y olvidar el pasado. El punto resolutivo lo que habla es que el juicio (contra Ríos Montt) ha abierto de nuevo las heridas, polarización y confrontación, sostuvo.