Tierra Caliente, Mich., 12 de mayo.

El presidente municipal de Aguillilla, Jesús Cruz Valencia, creyó que una vez terminadas oficialmente las autodefensas, él podría regresar sin ningún problema a su puesto. Los huevazos que se estrellaron contra los vidrios de su oficina probaron que estaba equivocado. Tuvo que salir protegido por la Policía Federal.

Cruz Valencia estuvo apenas unas cuatro horas en la oficina que no ocupaba desde el 26 de junio de 2013, cuando el grupo de autodefensas local lo obligó a dejar el municipio.

Algunos testigos de los hechos dicen que a la alcaldía llegaron tanto detractores como simpatizantes del político priísta. Pero al comenzar la tarde no había rastros del apoyo. Sólo claras y yemas en vidrios y paredes, y un montón de carteles: “No queremos al alcalde templario” y “Fuera templario, cocinero de drogas y primo de El Tena”.

Según los lugareños, El Tena (Fernando Cruz Mendoza) era jefe de plaza de Los caballeros templarios, y forma parte de la selecta lista de los más buscados por las autodefensas.

Cruz es el primer presidente municipal del PRI luego de una saga de alcaldes perredistas que se prolongó de 1990 a 2011. Pero según guardias comunitarios de Buenavista Tomatlán, su regreso fue pactado por el comisionado Alfredo Castillo, en combinación con Adalberto Fructuoso Comparán, ex alcalde perredista y líder de las autodefensas.

El 20 de febrero, el cabildo solicitó al Congreso estatal que diera curso al remplazo de Cruz Valencia, pero a diferencia del trato que se dio a Guillermo Valencia –ex alcalde de Tepalcatepec ahora en el exilio–, los diputados no dieron trámite a la petición.

Los casos del alcalde de Aguililla y de otros de sus pares son examinados por un grupo de comunitarios que se reúnen a intercambiar informaciones en un restaurante de Apatzingán.

No se explican, por ejemplo, cuál fue el acuerdo que se dio en Buenavista para el retorno del edil Luis Torres. Un hermano de éste, líder templario, cayó en un enfrentamiento con autodefensas, pero eso no impidió que Luis Manuel Torres, El Americano, avalara el regreso.

Otra suerte, dicen, corrió Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, quien chocó de frente con el comisionado Alfredo Castillo, fue remplazado por el Congreso local y ahora vive en el autoexilio en Estados Unidos.

El alcalde que más les preocupa es, claro, Uriel Chávez, de Apatzingán, finalmente aprehendido y acusado –solamente, dicen– de extorsión. Lo van a dejar salir, ya van a ver, nomás lo detuvieron para quedar bien con las autodefensas.

La legalidad y la justicia, finaliza uno de los líderes presentes, están sujetas al cálculo político del gobierno y del comisionado Castillo, no a las leyes.

Entrar a Aguililla es hacerlo a un enorme estacionamiento de vehículos pesados, enormes camiones de volteo y tráileres que dan servicio a las cuatro empresas mineras que operan en el municipio.

Es mucha lana, dice don Moisés Ceballos. Y completa: “Todo lo que cobraban los templarios a las mineras ahora lo cobran las autodefensas”.

Don Moisés habla desde la calma de la edad avanzada, y desde su condición de líder moral del PRD en Aguililla.

No parece importarle que la autodefensa de Aguililla sea encabezada por Adalberto Fructuoso Comparán, ex alcalde perredista.

Es claro: “No se distingue en realidad entre templarios y autodefensas, porque la mayoría son los mismos”.

Con la misma seguridad, Ceballos asegura que el alcalde Cruz ganó la elección gracias al apoyo de los templarios y que, efectivamente, es pariente de El Tena, aunque parece que en un grado lejano.

Los presos y el cálculo político

El domingo pasado, Alberto Gutiérrez, comandante Cinco de las autodefensas, decía estar seguro de que el comisionado Castillo cumplirá la promesa de que los comunitarios presos quedarán en libertad.

¿A qué precio? Se transcribe la denuncia que hace llegar Leonel Rivero, abogado de los comunitarios presos de San Miguel Aquila, detenidos el 14 de agosto del año pasado:

Las 40 personas se encuentran sujetas a proceso por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos; actualmente 21 se encuentran en libertad bajo caución; 16, privados de su libertad en el Centro Federal de Readaptación Social número 5, ubicado en Villa Aldama, Veracruz, y tres en el penal de Mil Cumbres.

Relata el abogado que tras una movilización de la comunidad, el subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava tramitó una reunión con el comisionado Castillo.

“En dicha reunión, de la cual derivaron otras tres, se acordó establecer una ruta que diera una salida jurídica… En principio se estableció como mecanismo de solución jurídica el desistimiento del ejercicio de la acción penal, indicándonos que nos entrevistáramos con el procurador general de la República para efectos de articular el mecanismo de solución”.

La entrevista con el procurador Jesús Murillo Karam se realizó a finales de febrero pasado. El funcionario, según el abogado de los comunitarios indígenas, dijo que aunque era procedente, legalmente no era factible el desistimiento del ejercicio de la acción penal, por lo cual se determinó que la defensa tenía que ofrecer pruebas de descargo a partir de las cuales el Ministerio Público Federal pudiera presentar conclusiones inacusatorias.

Sigue el abogado: A partir de marzo de 2014, la defensa ofreció diversas pruebas, entre ellas una pericial en materia de sociología política para establecer el estado de necesidad que obligó a los comuneros a tomar las armas para garantizar la seguridad pública.

A pesar de que la defensa ha cumplido con todas las partes del acuerdo, este 12 de mayo se presentaron en el penal de Mil Cumbres (ubicado en Morelia) los abogados Jorge Espino, Antonio Pacheco y Juan Carlos Escobar, quienes se entrevistaron con los señores Agustín, Efrén y Vicente, los tres de apellido Villanueva, indicándoles que iban en representación del comisionado, y que si revocaban a sus defensores y desconocían el acuerdo que la comunidad había realizado con el comisionado y a su vez también firmaban el acuerdo de desmovilización, a más tardar en 20 días quedarían en libertad.

Los abogados dieron a los presos apenas seis horas para tomar una decisión, con la advertencia de que si no era positiva el comisionado iba a desconocer el acuerdo.

Según Rivero, los abogados contratados por el comisionado visitarán este martes a los comuneros de Aquila que se encuentran en el Cefereso número 5. Además de haber hecho firmar, con engaños, un documento a los Villanueva, los abogados enviados por Castillo han pasado por encima del reglamento de los centros federales de readaptación social, que establece claramente que sólo podrán ingresar al interior del penal los abogados de los procesados y sentenciados que acrediten contar con el nombramiento y la aceptación del cargo.