Persisten en la región condiciones de inseguridad, señalan
Sábado 10 de mayo de 2014, p. 5
La víspera del vencimiento del plazo para el desarme de los grupos de autodefensa en Michoacán, autoridades del municipio de Aquila denunciaron que el gobierno federal sigue sin atender sus peticiones, e incluso les da trato diferenciado respecto de las autodefensas. A la fecha no han logrado que el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral del estado, Alfredo Castillo, los atienda, afirmó Octavio Villanueva, comisariado de bienes comunales de Aquila.
Indicó que 40 integrantes de la guardia comunitaria están sujetos a proceso penal, y de ellos 19 están presos, acusados de posesión de armas de fuego y explosivos. El gobierno no se ha desistido de ninguno de esos juicios, como lo ha hecho con más de 60 autodefensas que habían sido responsabilizados de delitos graves, como delincuencia organizada y contra la salud.
En conferencia de prensa, acompañado de otros representantes de Aquila y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, Movimiento Nacional, Villanueva señaló que en esa comunidad persisten las condiciones de inseguridad que los llevó a organizarse para defenderse de los grupos criminales que los extorsionaban.
Incluso, dijo, la situación se ha agravado por el aval que Castillo dio a un grupo que se hace llamar autodefensas, pero incurre en las mismas prácticas de exigir dinero a los ejidatarios.
Comentó que dicho organismo se integró el pasado 18 de enero. Está encabezado por Rubén Baltazar, María de La Luz Sandoval, José González García, Omar Valdez Sandoval y un grupo de allegados, quienes amenazaron con asesinarlo si se niega a pagarles 700 mil pesos mensuales de las ganancias de la empresa comunal Lanesek.
Villanueva recordó que una cantidad similar era la que el cártel de Los caballeros templarios les obligaban a pagar, hasta que los ejidatarios crearon la guardia comunitaria, ahora desintegrada.
Destacó que tampoco ha habido avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres representantes de la comunidad: Ignacio Martínez de la Cruz, Francisco Javier Ramos Walle y Carlos Zapién Díaz, ocurrida el 25 de noviembre de 2013.