n 1997, Zedillo lo despojó de su soporte principal: las pensiones, privatizadas en el SAR. Inmediatamente se deterioraron las finanzas y servicios. En las ganancias de las Afore está ahora ese ahorro financiero que supera 2 billones de pesos. Luego, el gobierno federal nunca cumplió con el flujo de recursos frescos por concepto de los gastos médicos para pensionados, que establece el duodécimo transitorio de la ley de 1997.

En 2000 arribaron la primera alternancia panista y Santiago Levy. Nació el diagnóstico deliberadamente equivocado sobre el peso del Régimen de Jubilaciones y Pensiones para encubrir el hoyo financiero generado por Zedillo, culpando a los trabajadores amparados en el mejor Contrato Colectivo de Trabajo de América Latina. La tonadilla sonó 12 años.

Lamentablemente, el Informe sobre la situación financiera 2012-2013 del IMSS-Peña que, como primera pieza de la segunda alternancia debió cambiarle desde el título, extendió ese diagnóstico apocalíptico, sin reconocer los verdaderos determinantes de su encrucijada financiera.

Pero, a diferencia de los panistas, González Anaya propuso ¡no pedir ni medio centavo al gobierno federal!, tampoco elevar cuotas obrero-patronales, aunque pretende simultáneamente mejorar la productividad, conteniendo el gasto, y ampliar la seguridad social para cumplir con la universalidad-Peña.

Frente a este desafío, sus correcciones al diagnóstico deliberadamente equivocado de Levy, Molinar Horcasitas y Karam, matizan sólo dos ángulos.

Primero: que todos los trabajadores que han ingresado de 2008 en adelante entran a un sistema financieramente sostenible y autosustentable. Debemos ver más allá de este tema. Hay que hacer un plan integral de mejoramiento de la calidad. Es decir: que el pasivo contingente dejó de crecer, en 2005, con los cambios en las contrataciones. De los 428 mil trabajadores actuales, 175 mil ingresaron a partir de 2005 (con Fox y Calderón) y no representan un problema financiero.

Segundo: González Anaya asume, finalmente, que resolver los problemas financieros no es un fin, sino el medio para ofrecer el mejor servicio posible. Justo lo que tanto se criticó a los informes y calidad de la gestión tecnocrática de Levy, Molinar y Karam: no se financia para ahorrar, sino para prestar servicios dignos. El director del IMSS matiza, pero aún no se atreve a desechar.

Su tercer matiz alude a los tiempos de la reforma Peña de la salud, ofrecida por el subsecretario de Hacienda, Miguel Messmacher y, finalmente, ajustada a la baja por la secretaria Mercedes Juan. Para González Anaya, el asunto es de gradualidad. El 15 de marzo de 2014 (La Jornada) observó que el plan para crear el sistema universal de salud no estará listo este año (2014). El tema, enfatizó, es muy complejo e implica, entre otros, fortalecer la rectoría del sector salud y avanzar en forma gradual, porque hay una inercia importante en las instituciones.

Respecto del intercambio de servicios entre las instituciones en lo que ya existe acuerdo, estimó que debe ir acompañado de un intercambio económico. Si sólo se absorbe la obligación, sin ningún beneficio, esto se vuelve un problema. La universalidad, precisó, debe considerar tres tipos de cobertura: de la intervención, de costo y poblacional, aunque es algo que no está cubierto en su totalidad en ningún país del mundo, ni en los más desarrollados. Todos tienen un no pago, o no lo cubren, o no es para toda la población. Lo que se busca, remató, es mejorar la salud de toda la población.

Este tercer matiz aconteció en el contexto de los pronunciamientos del ministro de la SCJN José Ramón Cossío y la secretaria Mercedes Juan sobre el racionamiento del derecho humano a la salud a paquetes mínimos, como los del Seguro Popular que promueven los pisos de protección básica de OIT.

Después de que el CIDE propusiera un nuevo artículo cuarto constitucional, donde se sustituye el actual toda persona tiene derecho a la protección de la salud por tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud, Cossío prescribió que si en la Constitución se tiene ya el derecho, se debe pensar cómo satisfacerlo, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, para que nosotros, los juzgadores, lo entendamos y podamos saber qué podemos proteger, hasta dónde o cuáles son las condiciones reales de esa protección.

Para la secretaria Mercedes Juan, ese racionamiento a un derecho restringido y acotado a la baja (como el que ejecuta el Catálogo Universal de Servicios Esenciales –Causes– del Seguro Popular y su restringidísimo Fondo de Gastos Catastróficos), se resuelve imponiendo una extravagante Procuraduría de la Salud como instancia que vigile y evalúe esas garantías degradadas.

Los tres tipos de cobertura de González Anaya son otra manera de gradualizar el mismo racionamiento del derecho a la salud. Será difícil que con él logre un plan integral de mejoramiento de la calidad y, sobre todo, mejorar la salud de toda la población, como declara.

Lo que sí logra publicitar son las esencias de la visión del Gobierno-Peña, que, según Aurelio Nuño (Oficina de la Presidencia), consisten en fijar un piso mínimo de bienestar, creando una relación de derechos, aunque ellos se cumplan racionados y aplanados a la baja.

Como con Fox y Calderón, la universalidad-Peña, operada por González Anaya, esquiva la más robusta demanda ciudadana: ¡mejorar servicios ya!, ajustando el catálogo de prestaciones al alza: a la altura de lo que efectivamente requieren los ciudadanos del siglo XXI.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco