l influyente asesor venezolano del candidato Enrique Peña Nieto en asuntos de estrategia política y propaganda, Juan José Rendón, regaló 2 millones de dólares (de 12 que habría recibido de narcotraficantes colombianos, según éstos han denunciado) para resolver un problema de caja de la campaña presidencial que había desarrollado en 2010 Juan Manuel Santos, quien hoy gobierna desde Bogotá. Al menos eso es lo que ha manifestado el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien demanda una investigación sobre gastos de campaña (en Colombia, no en México), ya que la realizada cuatro años atrás por Santos costó mucho más de lo que establecían los topes (http://bit.ly/1mGQQGL).

En una entrevista radiofónica con La W de Colombia, Uribe dijo que sabía de esas maniobras gracias a comentarios de testigos, cuyo nombre prefiere guardar ahora, pero que revelaría si es llamado a declarar ante autoridades judiciales de su país. Regalar 2 millones de dólares cuando se ha recibido un soborno de 12 millones no se siente, comentó el ex presidente en relación con el escándalo de cabildeo a favor de narcotraficantes en el que están involucrados el mencionado JJ Rendón, el general Óscar Naranjo (quien también fue asesor de Peña Nieto en la campaña de 2012 y ya en Los Pinos) y Germán Chica, quien era alto consejero presidencial para asuntos políticos y actualmente es director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (organización que agrupa a los 32 gobernadores regionales, http://bit.ly/1qjNj2A).

Las acusaciones uribistas de que el señor J.J. Rendón le habría entregado una suma fabulosa a quienes manejaban las cuentas del presidente Santos de la campaña en 2011 para saldar huecos de 2010 han hecho que Roberto Prieto, gerente de las tareas pro relección 2014 de Juan Manuel Santos, haya anunciado que el equipo de colaboradores de Santos Presidente 2010 presentará una demanda penal, por injuria y calumnia (http://bit.ly/1sseUfR) contra el expresidente Uribe, quien actualmente es senador electo por el partido Centro Democrático, que él dirige, y que postula a Óscar Iván Zuloaga como contrincante de Santos en los comicios que se celebrarán el próximo 25 y que desde ahora se prevé podrían ir a una segunda vuelta, en junio. El empresario Zuloaga fue ministro de Hacienda de 2006 a 2010 con Uribe. Otro ex mandatario, Andrés Pastrana Arango, quien impulsa la candidatura presidencial de Marta Lucía Ramírez, ha terciado en las acusaciones: “El presidente Santos no ha podido explicar cómo comienzan los diálogos con cárteles del narcotráfico. Se habla de US$12 millones al publicista de la campaña y el presidente aún no nos ha explicado dónde están esos dineros”.

Aparte de las preguntas que de manera natural surgen respecto al papel desempeñado en el terreno netamente político, electoral y financiero durante la campaña presidencial priísta de 2012 por los muy comprometidos asesores Rendón y Naranjo, es de actualidad mexicana revisar los planes de pacificaciones y desarme de narcotraficantes y grupos civiles armados para beneficio particular de quien gobierna un país. El general Naranjo ha reconocido: “Me consta que J.J. Rendón fue la persona que obró como intermediario de una propuesta de sometimiento de varios narcotraficantes y miembros de bacrim –término utilizado en Colombia para referirse a las bandas criminales emergentes– (…) Presentó una carta que explicaba cómo iba a ser el proceso de desmovilización” (http://bit.ly/1hrOl39).

Ese proceso de desmovilización fue detallado en 109 páginas de un documento intitulado Agenda para solucionar el problema del narcotráfico y la violencia que genera, elaborado en junio de 2011 y dado a conocer por el diario colombiano El espectador (http://bit.ly/1kykFlU). En una especie de exposición de motivos se consignaba lo que en cualquier otro país latinoamericano inmerso en el narcotráfico podría argüirse: Al cumplirse los primeros 10 meses del nuevo gobierno, la sociedad colombiana tiene altas expectativas en torno a su futuro, y uno de sus anhelos más reiterados durante décadas es que se puede erradicar de manera definitiva el problema del narcotráfico y la violencia que genera. Las condiciones nacionales e internacionales son idóneas para desarrollar una agenda de solución al problema del narcotráfico, con alcances no sólo en el país, sino en la región y en todo el hemisferio occidental. En esencia, según El espectador, el documento es un completo abecé del plan para que 90 por ciento de las cabezas del narcotráfico y sus hombres abandonaran el negocio a cambio de la no extradición y de la exclusión de sus familias de procesos penales.

En el renglón de los actores involucrados en este proyecto “se contemplaba que quienes se mostrarían en contra de esta apuesta serían las FARC, los cárteles mexicanos y los paramilitares desmovilizados, que seguramente ‘pedirían renegociación’”. Frente a esos y otros previsibles obstáculos, “fue tan milimétrica la propuesta –menciona el diario colombiano–, que se aventuraron escenarios entre la semana uno y la semana 12, tiempo en el que calculaban que podrían sacar esta iniciativa adelante. En la semana cinco, por ejemplo, se reseñaba que debía haber un cabildeo con países vecinos, como México y Estados Unidos, para ‘construir una alianza continental contra el narcotráfico’”.

A fin de cuentas, el proyecto fracasó, al parecer como declaró (el jefe narcotraficante) Comba recientemente desde Estados Unidos, porque a los americanos no les gustó la propuesta y el gobierno Santos dio la orden de perseguirlos, capturarlos y extraditarlos, tal como ocurrió con la mayoría. Lo que aún no se sabe es adónde fueron a parar esos millones de dólares, tal vez a cuentas particulares y de campañas con problemas de topes y de saldos por justificar, y hasta dónde esas negociaciones con narcotraficantes, a través de asesores extranjeros o locales, siguen influyendo en el trazo de las políticas oficiales de países como Colombia. Y como México. ¡Feliz fin de semana!

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