Un francotirador mata un policía en Chacao; sube a 42 la cifra de muertos por la violencia
Tras el operativo jóvenes disidentes realizan una decena de protestas, con saldo de varios heridos
Maduro quiere imponer el miedo
y pasar sobre derechos constitucionales, acusa Capriles
Viernes 9 de mayo de 2014, p. 26
Caracas, 8 de mayo.
Más de mil guardias nacionales y de la policía venezolana desalojaron durante la madrugada de este jueves cuatro campamentos que jóvenes opositores mantenían en el este de esta capital, en un operativo en el que fueron detenidas 243 personas y se incautaron bombas molotov, drogas, dinero, armas y cientos de máscaras antigás, informaron las autoridades.
En respuesta, jóvenes opositores realizaron desde el mediodía protestas relámpago en al menos una decena de sitios del este de la capital, algunas de las cuales derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, con saldo de varios heridos.
Un policía murió de un disparo en el municipio de Chacao, con lo que suman 42 los fallecidos por la violencia en las protestas iniciadas en febrero.
La acción policial fue rechazada también por familiares de los detenidos, la oposición, organismos humanitarios y hubo reacciones encontradas entre los vecinos. El gobernador del estado central de Miranda y ex candidato presidencial opositor, Henrique Capriles, dijo que el gobierno del presidente Nicolás Maduro quiere imponer el miedo
y pasar sobre derechos que establece la Constitución.
Liberan a 12 adolescentes
Tras el desalojo un francotirador mató a un policía que levantaba escombros de uno de los campamentos desalojados en el municipio Chacao y otros tres uniformados resultaron heridos, acusó Maduro, quien reclamó al alcalde Ramón Muchacho que condene estos hechos. Agregó que a los manifestantes que han ejecutado acciones violentas les ha inoculado el odio
.
Precisó que dos de los campamentos estaban frente a las oficinas del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en la plaza Bolívar del municipio de Chacao, y los restantes en el sector de Santa Fe y la plaza Alfredo Sadel, del municipio de Baruta. Los campamentos, en los que pernoctaban unos 300 jóvenes, fueron instalados entre marzo y abril.
La encargada de derechos humanos de la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Delsa Solórzano, dijo que la situación es muy complicada porque son muchos los detenidos y no se les está dando acceso a los abogados
en el comando regional de la guardia nacional número cinco, en el oeste de la capital, donde permanecen recluidos todos los jóvenes arrestados.
Los diputados opositores Miguel Pizarro, de Táchira, y Stalin González, del Distrito Capital, dijeron haber tenido acceso al comando regional cinco, donde hay más de 100 jóvenes, entre ellos 50 mujeres. Afirmaron aque las jóvenes están aparte, sin sufrir maltratos. Por la noche se informó que 12 adolescentes fueron liberados.
El ministro del Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, dijo a la televisora estatal que se determinarán en las próximas horas quiénes de los 243 detenidos serán presentados ante el Ministerio Público. Entre los detenidos figuran 18 adolescentes, una de las cuales está embarazada, reportó la Fiscalía.
El ministro indicó que las autoridades tienen evidencias que desde esos campamentos salían grupos a cometer actos terroristas, incendiar las cabinas del Metro y patrullas de la policía, y enfrentar con bombas molotov y otras armas a los cuerpos de seguridad
, y subrayó que es impresionante la cantidad de droga que se decomisó en este sitio
.
Mostró algunos de los objetos incautados que incluían dinero en efectivo, fuegos artificiales, explosivos de bajo poder conocidos como niples, pólvora, radios, teléfonos celulares, bombas molotov, bombas lacrimógenas, drogas y algunas armas de fuego.
Esto señala que hay un aparato logístico detrás de toda esta operación
, indicó Rodríguez Torres al descartar que estas acciones formen parte de una protesta espontánea
.
En tanto, Estados Unidos anunció que no impondrá, por ahora, sanciones a funcionarios venezolanos vinculados a presuntas violaciones a los derechos humanos porque así se lo ha pedido la oposición. La MUD respondió que nunca ha pedido al gobierno de Estados Unidos aplicar sanciones.