Toluca, Méx., 7 de mayo.

En el primero de ocho foros temáticos para la reforma del campo, agrupaciones del Congreso Agrario Permanente (CAP), la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR) y el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (Conorp) refrendaron su postura contra la privatización de ejidos y comunidades.

Lo anterior, luego de que la abogada general de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Mireille Roccatti Velázquez, sostuvo que con el dominio pleno, los campesinos darán mayor valor agregado a sus parcelas, pues accederán al crédito y se podrán asociar.

Los comentarios de la ex presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos disgustaron a los dirigentes sociales.

José Jacobo Femat, representante del Conorp, dijo que de ese modo se revelan las dos caras del gobierno. El planteamiento es burdo porque el mensaje es: privatiza tu propiedad para que seas rentable. Esto deja un mal sabor.

Carlos Blackaller, integrante de la CNPR y dirigente de la Unión Nacional de Cañeros, destacó que no se necesita privatizar la tierra para ser productivos ni tener enormes extensiones.

Sobre esas observaciones, Roccatti señaló que no hablamos de una reforma constitucional para desaparecer el ejido, sino para fortalecerlo y darle una flexibilidad dentro de sus asambleas para que puedan disponer de sus parcelas, pues desde la reforma al artículo 27 constitucional es bajo el número de personas que han podido desincorporar sus tierras de manera legal; lo han hecho de manera clandestina, con contratos privados y a bajos precios, pero no tienen la certeza jurídica del pleno dominio sobre su tierra.

Oswaldo Cházaro Montalvo, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, exigió garantías para la propiedad y sugirió revisar el amparo agrario, pues se ha utilizado para que no prescriban los conflictos en el sector.

Antes, en la inauguración del foro Sinergia para la transformación del campo y en posterior entrevista, Enrique Martínez y Martínez, titular de Sagarpa, aseguró que la reforma será el parteaguas para el campo porque hay 90 por ciento de coincidencias con las propuestas de las diferentes organizaciones sociales y privadas y con los investigadores. Este es el momento de tener un sector agroalimentario más competitivo y menos burocrático, apuntó.

El campo tiene problemas crónicos desde hace dos décadas, pero no está destruido, agregó. Con la reforma para el sector se pretende que todas las fuerzas estén alineadas para que antes de que concluya esta administración México pase de 58 a 75 por ciento en la producción de alimentos que consume, como recomienda la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), dijo.

Sostuvo que las puertas para el diálogo están abiertas, incluso para los escépticos. Todos tienen un espacio para construir la reforma, pues de cada uno depende su dimensión, en alusión al Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y al Frente Auténtico del Campo, que determinaron no participar en la consulta.

A su vez, Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Sagarpa, destacó que la consulta no se detendrá por el capricho o interés personal.

Enumeró los 10 retos de la reforma, entre ellos: simplificar las reglas de operación y los instrumentos jurídicos para tener un solo código agroalimentario, corregir las distorsiones del mercado y que la banca otorgue créditos a tasas y plazos accesibles.