a distribución de la renta petrolera es hoy tema crucial para México. Entendemos por renta petrolera
la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta. La reforma constitucional priísta-panista, que abre el paso a las grandes petroleras, conlleva la transferencia de nuestra renta petrolera a los grandes intereses económicos trasnacionales y a sus socios políticos mexicanos.
El caso venezolano demuestra nítidamente los grandes beneficios sociales de la reapropiación de esta renta, realizada por el gobierno chavista en 2001 con la nueva ley de hidrocarburos y su radical redistribución para resolver problemas acuciantes de la población. El actual conflicto, inflado artificialmente por los poderosos medios de comunicación internacionales y sus correligionarios locales, tiene como componente importante la lucha por el petróleo y la distribución de la renta petrolera. La escasa participación de los sectores populares en estas violentas protestas –en las colonias de clase media alta, las universidades privadas y públicas tradicionales y en zonas fronterizas con Colombia– se explica por este hecho. El pueblo venezolano está sufriendo la amenaza de una guerra de cuarta generación
por el atrevimiento de reclamar su soberanía y sus recursos naturales.
Diversos estudios sobre el gasto social coinciden en señalar que es mucho más alta que nunca antes en la historia venezolana. De esta manera, comparando la inversión social prechavista de 1984 a 1998 de 80.6 mil millones de dólares con el de 1999 a 2013 (periodo chavista) de 623.5 mil millones, se constata que se incrementó 7.7 veces. En los mismos periodos, el gasto social como porcentaje del total de los ingresos del gobierno aumentó de 36.2 a 64.1 por ciento, a pesar de que los ingresos gubernamentales también se incrementaron a raíz de la nueva ley de hidrocarburos. Una parte importante de los recursos para el gasto social proviene directamente de la empresa estatal petrolera, Pdevesa, o indirectamente vía un fondo especial para el desarrollo, el Fonden. El gasto social como proporción del PIB aumentó de cerca de 8 por ciento en 1998, a alrededor de 20 por ciento en 2007.
El incremento del gasto social, junto con el aumento al salario, repercute en un mejoramiento del coeficiente de Gini, que pasó de 0.498 en 1998 a 0.3902 en 201,1 en el entendido de que a menor Gini mayor igualdad. Asimismo, el Índice de Desarrollo Humano de la ONU-PNUD mejoró de 0.699 en 2000 a 0.748 en 2010. En este caso un mayor valor es más favorable. Por último, la pobreza extrema, medida con el método NBI (necesidades básicas insatisfechas), bajó de 11.4 por ciento en 2001 a 6.8 en 2011.
Los rubros más importantes del gasto social son: seguridad social con 30.9 por ciento, educación con 25.6 por ciento, salud con 20.4 por ciento, desarrollo social y participación con 10.7 por ciento, vivienda con 9.5 por ciento. La alta participación de la seguridad social se debe en gran medida a que se introdujo en 2005 una pensión ciudadana de un salario mínimo para todos los adultos mayores, y hoy el número de pensionados es de 2.5 millones contra 350 mil antes de esta reforma.
Lo más importante en educación es que la matrícula en todos los niveles se ha incrementado. Tal vez lo más notable es que la matrícula universitaria subió de 863 mil en 2000 a 2.6 millones en 2013. El nuevo modelo de formación universitaria está descentralizado para los municipios y adecuado a las necesidades locales. Por ejemplo, se han graduado 17 mil médicos integrales comunitarios para garantizar una nueva generación de profesionistas, comprometida con sus comunidades de origen, para el sistema público de salud.
El mayor esfuerzo en salud está dirigido a garantizar el acceso a los servicios requeridos a los habitantes de colonias populares urbanas y a las comunidades rurales, con el sistema Barrio Adentro, que cuenta con consultorios médicos y odontológicos, centros de diagnóstico integral y salas de rehabilitación integral. Aparte de las sistemáticas visitas domiciliarias, la gran innovación son las salas mencionadas, que están rehabilitando e integrando a la vida social digna a los decenas de miles de discapacitados anteriormente dejados a su suerte.
El ejemplo de Venezuela demuestra que los países que cuentan con renta petrolera la pueden redistribuir para aminorar la grosera desigualdad y pagar la deuda social histórica. Si dejamos que proceda la reforma, nuestra renta petrolera será para los extremadamente ricos.
