A casi cinco años de la muerte de 49 niños durante un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, las autoridades judiciales del país han fallado en su labor de ampliar las indagatorias sobre el tema, e incluso pretenden realizar un nuevo peritaje que serviría para exculpar a los responsables de los hechos y extender la impunidad, advirtió el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio.

En conferencia de prensa, el colectivo lamentó que en vez de señalar y castigar a quienes permitieron la tragedia –donde también resultaron heridos más de 70 niños–, el Estado mexicano los premia dándoles puestos diplomáticos o facilitándoles el camino para obtener cargos de elección popular.

José Francisco García Quintana, coordinador del Movimiento 5 de Junio, leyó un comunicado en el que la organización manifiesta nuevamente su rechazo a la posibilidad de que se lleve a cabo otro peritaje, mediante el cual se comprobaría o desecharía la hipótesis de que el incendio en la guardería fue provocado de forma intencional.

El nuevo estudio –supuestamente encomendado a un equipo estadunidense o británico, y que se sumaría a los otros cinco que ya hay– no tendría en la actualidad los elementos ni las condiciones para utilizarse en un proceso legal, y más bien podría ser un elemento para encubrir a los responsables de la muerte de los niños, consideró el activista.

Asimismo, señaló que las autoridades han sido omisas en su labor de continuar las investigaciones del caso y ejercer la acción penal contra los culpables, y puntualizó que la llamada Ley 5 de junio (que regula el trabajo de las estancias infantiles) tiene un retraso considerable en su reglamentación y aplicación en todo el país.

Daniel Gershenson, integrante de la asociación civil Alconsumidor, enfatizó que Enrique Peña Nieto traicionó la promesa de castigar a los responsables del incendio, hecha a los familiares de las víctimas cuando era candidato presidencial, y lamentó que en vez de ser castigados por sus actos u omisiones, los involucrados reciban cargos y candidaturas como premio.

En esta situación, dijo, se encuentran los senadores priístas Ernesto Gándara –ex alcalde de Hermosillo– y Claudia Pavlovich –ex diputada local–, quienes son mencionados como posibles aspirantes a la gubernatura de Sonora; el ex procurador local Abel Murrieta, quien podría ser candidato a la alcaldía de Cajeme, y el ex procurador general de la República Eduardo Medina Mora, hoy embajador en Estados Unidos.

Así premia el Estado mexicano la incompetencia. No podemos permitir que la tragedia se convierta en trampolín para políticos, recalcó Gershenson.