Guadalajara, Jal., 6 de mayo.

Félix Monroy está decidido: dice que junto con sus 100 chivos resistirá en su cabaña la invasión de grupos armados y mineras que se aprovechan de la indefinición de límites entre Jalisco y Colima para extraer ilegalmente parte del hierro que es sacado del país en barcos, como el carguero chino Jan-Gua, requisado el pasado primero de mayo en el cercano puerto de Manzanillo con casi 69 mil toneladas del metal.

Se la tienen sentenciada, agrega, por no querer vender su lote de 35 hectáreas que la minera trasnacional Peña Colorada quiere usar como depósito de desechos de la separación y trituración del hierro extraído.

Hace años mataron a su padre y a uno de sus hijos. Ya se cumplieron 19 meses desde que un grupo armado secuestró a su primo, el todavía desaparecido líder indígena Celedonio Monroy Prudencio.

A él mismo ya le dispararon con una escopeta y lo acusaron ante autoridades federales, sin éxito, de robar madera de los bosques, pero ni porque mis hijos me lo piden me voy a ir. Esta es mi tierra, señala resuelto.

Monroy vive en la sierra del sur de Jalisco, rica en minerales, en una de las tres comunidades ubicadas en el polígono que disputan ambos estados –lo que ha impedido la prestación de servicios básicos, como agua potable y seguridad pública–: Los Potros, Las Pesadas y La Astilla.

La asociación civil Red Jalisciense de Derechos Humanos (RJDH) señala que el litigio terminó sólo en el papel, pese al acuerdo entre los gobernadores de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y de Colima, Mario Anguiano, ambos priístas, suscrito en Barra de Navidad el 10 de octubre pasado.

Ese convenio estipula que se abastecería de agua a las comunidades El Rebalse y La Culebra, también en la zona A, que reclaman ambos estados, pero en la costa entre Manzanillo, Colima, y Cihuatlán, Jalisco.

En su informe de 2013 sobre los derechos humanos en Jalisco, la RJDH –que durante 20 años ha ofrecido servicios de defensoría en la región nahua del sur de Jalisco– señaló que pese al acuerdo entre gobernadores, en la sierra o zona B la falta de atención de todos los órdenes de gobierno ha permitido que persistan las violaciones a los derechos humanos y ambientales, el despojo, la impunidad y la falta de servicios públicos.

En esta zona, que abarca los municipios de Cuautitlán, Jalisco, y Minatitlán, Colima, están 12 comunidades indígenas y mestizas, además de las tres mencionadas.

Al ser la indefinición limítrofe entre Jalisco y Colima generadora de graves violaciones a los derechos humanos, el asunto no es meramente político, pues involucra directamente a los 16 poblados de la zona B del territorio en conflicto, que supera 209 kilómetros cuadrados, cuyos pobladores, al no haber sido involucrados en el acuerdo ni atendidos por ninguno de ambos estados, permanecen en la misma vulnerabilidad e indefensión en que han estado durante dos siglos, dijo Óscar González Gari, presidente de la RJDH.

La asociación calificó el arreglo amistoso entre gobernadores de falso, doloso, injusto y ventajoso, pues sólo encubre grandes injusticias y atropellos a la dignidad humana de los habitantes de los poblados de la cuenca norte del río Marabasco.

Denunció la extinción coactiva de poblados, entre ellos La Palmita, Los Potros, Jocotlán, Puertecito de Las Parotas y El Mameycito, acosados por caciques y mineras de Colima que invaden y saquean el territorio nahua y jalisciense.

La RJDH documentó la irrupción violenta y antijurídica de ocho nuevas mineras en la cuenca norte del Marabasco que amenazan la subsistencia de las poblaciones indígenas con el acopio desmedido del agua, brechas y carreteras, generando contaminación en una zona de alta biodiversidad.

A pesar de las amenazas, la presión de la minera Peña Colorada y el abandono del gobierno jalisciense, entre los pocos que dicen que no se irán está Félix Monroy con sus 100 chivos, último recurso de subsistencia.