El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) otorgó una suspensión provisional al Gobierno del Distrito Federal para no pagar los 489 millones 422 mil 377 pesos que reclama la Secretaría de la Función Pública (SFP) por no haber sido debidamente justificados en la construcción de la línea 12 del Metro, informó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina, José Ramón Amieva Gálvez.

Lo anterior, luego de que la magistrada de la quinta sala regional metropolitana del tribunal, Mariana Moreddu, Gilabertt, admitió el juicio contencioso administrativo que interpuso la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, con lo que se evita la ejecución de la orden de pago hasta que el tribunal se pronuncie de manera definitiva.

Amieva Gálvez explicó que al aceptar el recurso, la magistrada determinó conceder la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta que no haya un resolución definitiva, aunque, precisó, la SFP tiene un plazo de 15 días hábiles para inconformarse de esa determinación.

Por otra parte, dijo que el gobierno de la ciudad de México no ha sido notificado de que el consorcio constructor de la línea 12 del Metro, formado por las empresas ICA, Carso y Alstom, haya interpuesto algún amparo ante autoridades federales para evitar el pago de la fianza por vicios ocultos.

Sin embargo, el consejero jurídico dijo tener conocimiento por los medios de comunicación de esa posibilidad, pero aclaró que hay antecedentes de que las controversias por cuestiones contractuales, como sería este caso, deben ser ventiladas en los instancias civiles del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Agregó que se está en proceso de finiquito del contrato que se firmó con el consorcio para la construcción de la llamada línea dorada, por lo que se está en tiempo para que se haga válida dicha fianza, lo cual tendrá que ser a solicitud del Proyecto Metro del Distrito Federal.

Aunque, dijo, en el transcurso de este cierre administrativo se puede llegar a una conciliación, es decir, el reconocimiento de las constructoras de situaciones que tengan que atender como corrección, reparación, modificación, adaptación o sustitución de conceptos.