Amnistía Internacional (AI) exhortó a las autoridades mexicanas de los tres niveles de gobierno a poner en práctica lo más pronto posible las recomendaciones realizadas por Juan E. Méndez, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, hechas durante su reciente visita a México.

Lo anterior –agregó el organismo civil de defensa de los derechos humanos más grande del mundo– para hacer frente a la prevalencia de esta aberrante práctica.

En un pronunciamiento público, AI recordó que tras su visita de trabajo de 12 días a México, el relator especial advirtió que la tortura se practica de forma generalizada en el país, la cual se usa frecuentemente como una técnica de investigación para la obtención de confesiones autoinculpatorias o conseguir información.

El funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) señaló además que la tortura es practicada por las diferentes fuerzas de seguridad en los distintos niveles de gobierno, incluyendo las fuerzas armadas.

Las conclusiones preliminares de Méndez confirman lo que desde hace varios años AI ha venido documentado esta práctica, añadió la organización internacional. “Si el gobierno (de México) es serio en el compromiso que ha hecho para combatir la tortura y otros malos tratos, es esencial que, como primer paso, reconozca públicamente la gravedad de la situación constatada por el relator y la urgencia de implementar las medidas señaladas.

AI comparte las preocupaciones expresadas por el relator especial, particularmente frente a las graves deficiencias identificadas en la puesta en marcha de salvaguardas para prevenir la aplicación de la tortura. Uno de los principales focos de preocupación continúan siendo los vacíos existentes entre el momento de la detención y la puesta a disposición de las autoridades correspondientes, incluyendo la falta de registros adecuados y la detención en sitios no identificados. Asimismo, es preocupante la prevalencia de ciertas figuras que incentivan el uso de la tortura, como el arraigo y una aplicación laxa de la detención bajo flagrancia.

La organización refirió que también se han identificado múltiples deficiencias en la aplicación del Protocolo de Estambul para detectar señas de tortura, el cual no es utilizado de conformidad a los estándares internacionales y en muchas ocasiones es llevado a cabo meses o incluso años después de los hechos.

Las autoridades mexicanas deben asegurarse que en toda investigación de hechos de tortura o malos tratos, la carga de la prueba recaiga sobre el Estado y no sobre las víctimas. AI hace un enérgico llamado a las autoridades mexicanas a poner en marcha con prontitud las recomendaciones emitidas por el relator especial.