A partir de esta semana, Fumisa comenzó la mudanza para desalojar las oficinas administrativas ubicadas en el tercer nivel del edificio D en terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Fuentes extraoficiales señalaron que luego de casi cinco meses de disputa, la empresa y el AICM llegaron a un acuerdo para que nadie le cobra a nadie, pues el arrendamiento de los espacios comerciales de la T1 quedaría en manos del aeropuerto.

Sin embargo, según las fuentes, Fumisa continuará explotando 58 por ciento de los 2 mil cajones del estacionamiento internacional y 11 pasillos telescópicos, pues, afirmaron, el contrato vence a finales de este año. Dijeron que sólo falta que el juzgado de distrito que lleva el proceso sea notificado para que ratifique la resolución, lo cual ocurrirá en las próximas semanas.

Hace unas semanas, el director del aeropuerto, Alfonso Sarabia de la Garza, dijo a La Jornada que se encontraba en pláticas con Fumisa, ya que tenían un plazo de 90 días –que vencieron en marzo– para ponernos de acuerdo y empezar a revisar cuentas, de lo contrario el asunto continuaría en tribunales.

En su momento, dijo que Fumisa tiene prórroga hasta el 31 de diciembre de este año para entregar 20 por ciento de los locales comerciales y 58 del estacionamiento con lo que concluiría toda la relación con la inmobiliaria.

El conflicto entre el AICM y Fumisa creció el primero de enero de este año, cuando las autoridades aeroportuarias dieron por concluida su relación contractual con la empresa. Desde entonces advirtió que arrendaría los locales comerciales. Los espacios del aeropuerto son bienes de dominio público de la nación y a la conclusión del contrato (31 de diciembre de 2013) están de nueva cuenta en posesión del AICM. Además el aeropuerto solicitó a la inmobiliaria desocupar de inmediato las oficinas administrativas que tiene en la terminal 1, pues había concluido el contrato y convenios modificatorios.

El AICM ha dicho que nunca se estableció alguna posibilidad de prorrogar la posesión sobre los bienes del dominio público de la Federación, y ‘ en todo caso, después de 20 años de explotación las partes debían revisar la tasa interna de retorno.

Fumisa fue por el lado legal; sin embargo, en marzo el juzgado 12 de distrito en materia administrativa, con sede en la ciudad de México, desechó una demanda promovida por la inmobiliaria, que pretendía que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le garantizara que seguiría como la empresa concesionaria que subarrendaría los espacios comerciales.

El litigio no ha concluido, pues en el juzgado quinto de distrito se desahoga un proceso en el que se definirá si Fumisa recuperó su inversión, como han señalado los representantes del AICM, y si no, determine si la empresa debe continuar arrendando los locales o sólo es acreedora a indemnización, a menos de que las partes lleguen a un acuerdo.