Santiago, 5 de mayo.

La presidenta chilena, Michelle Bachelet, firmó hoy el primer proyecto de ley en materia de educación, que instaura la figura legal del administrador provisional de instituciones de educación superior en crisis, a fin de garantizar la continuidad de clases de sus alumnos y evitar casos como el de la Universidad del Mar, que dejó a miles de estudiantes a la deriva por una mala gestión.

Es un día especial; estamos enviando el primero de los proyectos del ámbito educativo. La educación debe ser un derecho y no un bien de consumo. Si queremos ser un país moderno y desarrollado, la educación debe ser un bien garantizado, declaró la mandataria al enviar la iniciativa al Congreso.

La figura del interventor o administrador provisional, agregó, apunta a entregar protección académica y financiera a los estudiantes. Precisa y aumenta las facultades de un interventor, quien asumirá el control de la institución en problemas, a diferencia de la norma actual en que rectores y dueños mantenían la gestión. Pero, sin que signifique interferir con la misión educativa de ninguna institución.

Bachelet aclaró que el administrador provisional, que designará el Ministerio de Educación en acuerdo con el Consejo Nacional de Educación, intervendrá cuando los planteles presenten inviabilidad académica, administrativa o financiera. Agregó que se trata de una figura ya contemplada para los colegios que perciben aportes estatales.

Los estudiantes son sujetos de derecho, reafirmó la presidenta, asegurando que esta medida es una señal para aclarar que el Estado es garante del derecho a la educación.

De acuerdo con el texto, el administrador podrá actuar cuando una investigación del Ministerio de Educación o un fallo judicial determine la incapacidad de la universidad de asegurar la continuidad de los estudios ofrecidos. Hace dos años se nombró un interventor en el caso de la Universidad del Mar, que fue cerrada por irregularidades administrativas y mala calidad y que afectó a 18 mil estudiantes.

El ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, indicó que la medida se aplicará además en infracciones graves, como de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades. No se contempla en casos de tomas estudiantiles.