La presunta nueva orden de aprehensión en contra de Napoleón Gómez Urrutia sólo existe en la mente conspirativa de los barones de la minería y de los funcionarios públicos que les sirven, denuncia el líder minero, y detalla que en esto “tiene la mano metida el despacho Gómez Mont, Esponda y Zinzer, más el abogánster Agustín Acosta Azcona, personero de Germán Larrea, quienes nos atacan de la forma más baja y sucia”.

En entrevista telefónica con La Jornada, el dirigente sindical explica que “ya van 10 veces que han hecho la misma acusación, y todas las hemos ganado en distintos tribunales. Nadie, conforme a la Constitución, puede ser acusado dos veces por lo mismo, pero a nosotros nos han acusado 10 veces, e insisten.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) debe dedicarse a los asuntos laborales, no a los judiciales, y la Procuraduría General de la República a la correcta aplicación de la justicia, no a la defensa de intereses empresariales.

También, dice, participa el magistrado Luis Núñez Sandoval, “a quien hemos cuestionado por su actuación deshonesta, siempre ligado a casos turbios. Desde la forma en que fue designado, mediante un procedimiento irregular, porque el anterior estaba por resolver el caso, y de repente lo quitaron.

De tiempo atrás presentamos un recurso de inconformidad por el proceder del magistrado, pues violó una sentencia de amparo que ya se había dado en favor de nosotros por la supuesta orden de aprehensión de un delito inexistente. Entonces, no puede girarse una orden de aprehensión que está judicialmente cuestionada, señala.

De desafortunada, por no decir irresponsable, califica la declaración del secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, en el sentido de que no hay persecución política en contra de Gómez Urrutia, y que no se va a negociar la ley, algo que, subraya el dirigente minero, nadie le ha pedido. Por el contrario, lo que exigimos es que se haga justicia, que se aplique correctamente y que no la perviertan como lo hacen. Es lamentable que el funcionario caiga tan rápido en el juego de gentuza como Javier Lozano.

En realidad, dice, “lo único que han hecho es perseguir políticamente. La Interpol se los demostró. Cómo puede decir Navarrete Prida que no hay persecución política, si esa institución se lo está diciendo al no aceptar la solicitud de ficha roja. Esta resolución es equivalente a que un tribunal internacional condene la actitud del gobierno mexicano.

Es absurdo que pidan localizarme, si todo mundo sabe dónde estoy, asegura el líder minero Napoleón Gómez UrrutiaFoto Jesús Villlaseca

Debería reaccionar el presidente (Enrique) Peña Nieto, a quien el pasado 24 de febrero entregamos un escrito, firmado por nuestros abogados, en el que se subraya que están dañando la imagen de México en el exterior. Y es la fecha en la que no recibimos una contestación. Vamos, ni siquiera un acuse de recibo.

Subraya que “Navarrete nos dice una cosa en privado y otra muy distinta en público. Es absurdo: señala que hay que localizar y extraditar. Bueno, pero si todo el mundo sabe dónde estoy. Aquí he recibido a funcionarios de la propia Secretaría del Trabajo, líderes sindicales, políticos, senadores hasta gobernadores, y todos saben dónde encontrarme. Entonces, de qué localización habla. Además, Canadá le rechazó varias veces la extradición al gobierno mexicano, por las mismas causas; Interpol lo califica de mentiroso; viola la Constitución, pero insiste.

“Con esta actitud –agrega–, el gobierno mexicano se exhibe y ensucia la imagen en el exterior del país. Un gobierno que no respeta la justicia está condenado al fracaso”.

Detalla que Veta de Plata “es un membrete de Germán Larrea. Lo creó el abogánster Acosta Azcona, cobijado por el despacho Gómez Mont, Esponda y Zinzer, traficantes de influencias. Y este membrete difunde ‘noticias’ que se publican en cadena sin verificación alguna, lo que deja en claro la gran derrama económica que existe detrás de todo esto. Y tienen al subsecretario del Trabajo, Rafael Avante, panista del grupo el Yunque, que siempre está en favor del Grupo México y en contra de nuestro sindicato; en la Secretaría de Economía, a quienes otorgan las concesiones mineras, y a la PGR para ataques y persecuciones políticas. ¿Dónde está el gobierno y el estado de derecho?

Ahí está Ancira, cabeza visible del Grupo Acerero del Norte, quien mandó golpear a los trabajadores de Teksid, en Monclova, por ejercer su libertad de cambiar de representación sindical. El empresario está enseñando los calzones. Y los golpeadores, basura del sindicalismo, sacaron un desplegado diciendo que nada tienen que ver en el asunto. Ancira lo pagó. Se ha convertido en terrorista empresarial, igual que Larrea, Bailleres y los Villarreal. Y la autoridad ni siquiera ha investigado, concluye Gómez Urrutia.