e acuerdo con un informe elaborado en forma conjunta por el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), más de la mitad de los 40 millones de menores de edad que habitan en el país se encuentran en situación de pobreza, y 4.7 millones se ubican en la pobreza extrema. En las comunidades indígenas la circunstancia es particularmente alarmante, toda vez que ocho de cada 10 menores de 17 años viven en pobreza, y uno de cada tres, en pobreza extrema. Es significativo que la pobreza es más acentuada entre la población infantil que en el conjunto, pues mientras en éste llega a 45.5 por ciento (pobreza) y 9.8 (pobreza extrema), en el caso de los menores alcanza porcentajes de 53.8 y 12.1, respectivamente.
Los datos contenidos en el documento Pobreza y derechos sociales de niños, niñas y adolescentes en México 2010-2012, de suyo alarmantes e indignantes, ponen en evidencia las consecuencias de la política económica impuesta en el país desde hace tres décadas y dejan en claro que la masa de propósitos oficiales de combate a la pobreza pronunciados desde los años ochenta del siglo pasado hasta la actualidad han sido, en conjunto, un engaño a la sociedad; que el pretendido ingreso de México al primer mundo y al club de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos constituye una simulación y que no ha existido una verdadera voluntad política de superación de la abultada deuda social que arrastra el país. Por el contrario, los lineamientos económicos oficiales han impulsado, durante los gobiernos del ciclo neoliberal, el crecimiento de la pobreza y de la desigualdad.
A propósito de la segunda, la investigadora Sylvia Schmelkes, presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, señaló ayer ante la Comisión de Educación del Senado de la República que el derecho a una educación de calidad se ve obstaculizado por la inequidad y la falta de recursos para los sectores más vulnerables de la población, así como por las altas tasas de deserción escolar entre los jóvenes pobres, particularmente los de las zonas rurales y los que habita
La urgencia de revertir las situaciones mencionadas salta a la vista, no sólo para hacer valer postulados fundamentales del marco legal nacional, sino también por una consideración que no habría debido escapar a los sucesivos gobernantes que han descuidado deliberadamente el combate a la pobreza y el respeto al derecho a la educación: no puede haber un plan mínimamente viable de desarrollo con esos intolerables porcentajes de pobreza y con semejante inequidad educativa.
Un sentido básico de nación tendría que llevar a la clase política en su conjunto a considerar que si los adultos del futuro próximo crecen hoy como niños y adolescentes pobres y sin posibilidades reales de recibir una educación de calidad, no habrá manera de sacar al país del pronunciado declive en el que se encuentra.
Resulta doloroso reconocer que, mientras otros programas gubernamentales de América Latina han centrado sus esfuerzos en reducir la pobreza en forma significativa y en incrementar el acceso de sus jóvenes a la educación y a los servicios de salud (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela), México camina hacia atrás en estas materias, sus autoridades se concentran en la creación de condiciones favorables para los monopolios locales y los capitales transnacionales, dejan de lado el desarrollo humano y mantienen al país anclado en el subdesarrollo.
