Buenos Aires, 29 de abril.

El ex capellán militar Aldo Omar Vara, que era buscado por la justicia argentina acusado de haber cometido delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar (1976-1983) fue detenido por Interpol en en Ciudad del Este, Paraguay, y llevado a Asunción, desde donde debería ser extraditado, informó la Procuraduría de Argentina.

Vara estaba prófugo desde el 6 de agosto de 2013 y en diciembre de ese año el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofreció una recompensa de cien mil pesos (unos 12 mil 500 dólares) para ubicar al sacerdote, al que se acusa de secuestros, torturas y desapariciones, indicó Miguel Palazzani, fiscal federal de Bahía Blanca, ciudad ubicada a 685 kilómetros a sur de esta capital.

Como capellán militar entre 1971 y 1979 en el comando V del Ejército de Bahía Blanca, fue llamado a indagatoria en el primer juicio a responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura ante una serie de testimonios que denunciaban su participación en los Centros Clandestinos de Detención (CCD) y especialmente los que estaban bajo la responsabilidad del V Cuerpo del Ejército.

Esto fue en 1999 y el ex capellán Vara terminó reconociendo la práctica de torturas en el CCD La Escuelita y haber estado con jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181, con señales en sus cuerpos de haber sido sometidos a la picana eléctrica.

Un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria de la Escuela Técnica Enet al que llamaron entonces Los Chicos de la Enet fueron secuestrados en diciembre de 1976, y torturados en La Escuelita, adonde los visitó el ex capellán Vara, quien los vio en condiciones terribles, y al que le contaron todos los tormentos a que fueron sometidos pero el entonces sacerdote no hizo, ni dijo nada.

Finalmente se pidió su detención, pero fue salvado por un juez, aunque al final una cámara ordenó su captura, pero se había fugado. En el pedido de captura figuran los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y violencia; homicidio agravado por alevosía en concurso de tres personas por lo menos y homicidio y desaparición forzada e imposición de tormentos.

Todo esto sucede cuando continúan los juicios contra una serie de magistrados que participaron como cómplices de la dictadura, como es el caso del juez Pedro Hooft, en Mar del Plata, que había logrado eludir cinco llamados a indagatoria.

Hooft es investigado por rechazar en forma irregular y no investigar hábeas corpus vinculados con los asesinatos de un grupo de abogados en la llamada Noche de las Corbatas, cuando fueron secuestrados y asesinados varios abogados de esa ciudad durante la pasada dictadura.

Incluso se le acusa de tener informes militares sobre el asesinato de las víctimas.

Todo esto forma parte de un nuevo momento en el que surgen cada día pruebas contundentes de la complicidad de jueces y fiscales con el terrorismo de Estado que aplicó la dictadura en todo el país .

En tanto, en Tucumán fue detenido el ex juez federal Manlio Martínez acusado de complicidad en crímenes de lesa humanidad. Integrante de una verdadera elite judicial en esa provincia del noroeste, Martínez tuvo participación activa durante los años 70 y especialmente cuando allí se llevó a cabo el operativo Independencia en 1975, que dejó centenares de víctimas y desaparecidos.

Entre otros casos fue acusado en la causa Romero-Niklisson en la que se juzgó y condenó a militares y policías por la ejecución extrajudicial de cinco militantes de la organización Montoneros. El hecho ocurrió el 20 de mayo de 1976, cuando el juez Martínez se valió de un ardid para ocultar la verdad y permitir brindar impunidad a los asesinos.