El gobierno de Coahuila aseguró que las 39 casas de familias desaparecidas en Allende, Coahuila, no serán derribadas, y reiteró que las autoridades van por ex funcionarios estatales y municipales que no impidieron el secuestro masivo, que pudo tener como desenlace el asesinato de familias completas.

En la primavera de 2011, familias completas desaparecieron de los municipios de Allende, Nava y Piedras Negras, como parte de una venganza de Los Zetas por el robo de al menos 5 millones de dólares que habrían perpetrado quienes estaban a cargo de sus finanzas en la zona norte de Coahuila.

Los sicarios llegaron al municipio de Allende y se llevaron a niños, mujeres y hombres que tuvieran parentesco, amistad o relación de negocios con José Luis Garza Gaytán y Héctor Moreno Villanueva, quienes huyeron a Estados Unidos, donde están sujetos a un proceso penal en una corte de Austin, Texas.

Armados con rifles de asalto y pistolas, los narcotraficantes sacaron a decenas de personas de sus casas y las llevaron a ranchos cercanos, donde al parecer las torturaron y asesinaron, según informes de la subprocuraduría estatal para la investigación y búsqueda de personas no localizadas.

En Allende hay 39 casas en ruinas. Tras raptar a sus moradores, los sicarios permitieron a los vecinos llevarse muebles y objetos de valor. Luego las viviendas fueron incendiadas y destruidas parcialmente con maquinaria pesada.

El pasado 14 de abril, La Jornada publicó declaraciones del alcalde de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez, de que 39 casas ubicadas en el centro y en la zona urbana del municipio serían derribadas, por ser un riesgo para los transeúntes. Dijo que los inmuebles pertenecían a familias de apellidos Garza y Moreno, y en ellas vivían unas 300 personas que fueron secuestradas por Los Zetas en venganza por un asunto de dinero.

Allende es un municipio de 22 mil habitantes que se localiza en la zona norte de Coahuila. Muchos pobladores trabajan en ranchos agrícolas y hace una semana llegó la primera fábrica, que dará 600 empleos y producirá uniformes para trabajadores que prestan servicios a Petróleos Mexicanos en las exploraciones de gas shale en la entidad.

La venganza llegó a Piedras Negras

La venganza no se limitó a Allende. En Piedras Negras también hubo casas destruidas y saqueadas, y decenas de personas secuestradas. El empresario Víctor Cruz Requena, su esposa Brenda Saldúa Dovalina y sus hijos adolescentes Víctor y Guillermo fueron sacados de su casa en Piedras Negras la tarde del 18 de marzo de 2011, junto con Gerardo Heat Sánchez, de 14 años, amigo de los jóvenes.

Según versiones de la entonces Fiscalía General del Estado, hoy Procuraduría General de Justicia del Estado, Cruz Requena tuvo relación de negocios con Moreno Villanueva o con Garza Gaytán.

La subprocuraduría señaló que muchos secuestros en Allende y Piedras Negras ocurrieron durante el día, la mayoría entre el 8 y el 11 de abril de 2011. Durante días completos las calles fueron cerradas por delincuentes para incendiar las casas y destruirlas con maquinaria pesada, pero todo esto no movió a ninguna autoridad a tratar de impedir la tragedia.

Rubén Moreira Valdez llegó al gobierno de Coahuila el 1º de diciembre de 2011. Semanas después, a nombre de su administración, presentó una denuncia ante la procuraduría estatal por lo ocurrido en Allende, Nava y Piedras Negras.

La tragedia ocurrió meses antes de su arribo al cargo, cuando Jorge Torres López era gobernador interino. Rubén Moreira prometió buscar a los responsables y también a quienes la permitieron o no hicieron algo para evitarla.

El 28 de noviembre de 2012, el gobernador se refirió a la desaparición masiva de personas en el norte de Coahuila. Dijo que fueron hechos “tan inéditos que muy pocas personas reportaron, que involucraron a buena parte de la población y pasaron como una sombra en la historia reciente de nuestro estado, sin que nadie haya puesto el suficiente énfasis sobre lo ocurrido. Tuvimos la destrucción de más de 40 casas; muchísima gente desapareció y temo que murió.

En mi conciencia no queda: Moreira

En mi conciencia no va a quedar que no haya volteado a ver a quien clamó justicia. Que en la cabeza de otros resuenen los gritos de esas personas de Allende que seguramente pidieron ayuda y nadie se las dio. Por eso instruí al procurador (Homero Ramos Gloria) a abrir una investigación, sin histrionismo ni declaraciones, porque al final lo que cuenta es que esas personas estén en la cárcel, expuso durante un acto de gobierno.

El pasado 13 de abril, autoridades informaron que 39 casas de familias desaparecidas en Allende durante marzo de 2011, serían destruidas con ayuda del Ejército Mexicano. El centro de derechos humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, advirtió que las casas no pueden ser derribadas, pues son parte de la investigación por las desapariciones.

Desde abril de 2012, cuando se creó la subprocuraduría de desaparecidos, 859 personas con esta condición fueron encontradas, 47 de ellas sin vida. La dependencia tiene registro de otras mil 754 personas reportadas como desaparecidas.