Cuando sólo restaban 48 horas para el cierre del periodo ordinario de sesiones, en el Senado se reiniciaron ayer las negociaciones de las normas secundarias político-electorales, luego de que el grupo parlamentario priísta aceptó discutir las propuestas de cambio a los proyectos de leyes General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) y de Partidos Políticos, planteadas por las bancadas panista y perredista, en medio de acuerdos cupulares entre el tricolor y el blanquiazul.

Uno de esos acuerdos fue el nombramiento del panista Juan de Dios Castro como magistrado regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que ayer mismo se desahogó y fue calificado por los perredistas Dolores Padierna y Manuel Camacho Solís de concesión al blanquiazul a cambio de su voto en las leyes secundarias en materia político-electoral.

Al mediodía, los coordinadores en el Senado de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Emilio Gamboa; Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, y de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Barbosa, reiteraron que se esforzarán con el fin de llegar en las próximas horas a un acuerdo y se pueda votar esa legislación antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, este miércoles.

Por la noche, el perredista Alejandro Encinas y el panista Roberto Gil Zuarth anunciaron que había avances, pero todavía no acuerdos definitivos.

Antes, Preciado admitió que condicionaron la aprobación de esta legislación político-electoral para votar después la energética.

Esta última, dijo, representa miles de millones de dólares que ingresarán al erario por la exportación de petróleo producido por las empresas extranjeras y no se debe permitir, recalcó, que esos recursos sean utilizados por los mandatarios estatales para el apoyo de candidatos.

Si un gobernador maneja ahora 10 mil millones de pesos, con la reforma energética va a manejar 100 mil, y no podemos entregar una reforma así sin reglas claras, recalcó.

Preciado se mostró satisfecho de haber encontrado mejor voluntad de todos los grupos parlamentarios y de que el tricolor haya aceptado regresar a la mesa de negociación, de la que se levantó el sábado, cuando se negó a discutir los documentos del PAN y el PRD.

En las negociaciones participan el subsecretario de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, Felipe Solís Acero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Humberto Castillejos, además de los presidentes de las cinco comisiones dictaminadoras y varios legisladores por cada una de las tres principales fuerzas políticas.

Uno de ellos, el perredista Encinas, precisó que su bancada presentó 38 propuestas de modificación y 28 observaciones de fondo al proyecto de Legipe, y el blanquiazul planteó 12.

Agregó que en las próximas horas estarán alerta para garantizar que no haya letras chiquitas en las nuevas normas.

Como ejemplo, el perredista reveló que el PRI pretendía que se acepten donativos anónimos a las campañas políticas, lo cual es inaceptable.

Cerca de las nueve de la noche, Encinas afirmó que hay avances y es posible que se apruebe el proyecto de dictamen del Legife, toda vez que lograron acuerdos en materia de inspección a los partidos, entre ellos que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda fiscalizar las campañas estatales y no es válido el secreto bancario.

Estamos en condiciones de tener claridad en temas sensibles, comentó Gil Zuarth. Sostuvo que se lograron precisar algunas de las facultades del INE.

Se comenzó, además, a discutir la Ley de Propaganda Gubernamental. La intención era seguir las negociaciones hasta después de medianoche, con el fin de que después los grupos parlamentarios discutan lo acordado.