En una resolución inédita que reconoce el derecho humano a un medio ambiente sano y la obligación de las autoridades de garantizarlo, un juzgado de distrito ordenó al Gobierno del Distrito Federal y a la delegación Xochimilco retirar de forma inmediata la totalidad de los 137 asentamientos humanos irregulares en esa demarcación, derrumbar las viviendas y retirar los escombros.

La sentencia establece que las autoridades –que están en posibilidad de impugnar la resolución ante un tribunal colegiado e incluso llegar ante la Suprema Corte– tendrán que acreditar la celebración de convenios entre las autoridades competentes con instituciones científicas y de educación superior con experiencia en la restauración, aprovechamiento sustentable y preservación de áreas protegidas que garanticen el restablecimiento del equilibrio ecológico de la zona.

Asimismo, deberá reubicar a las familias que viven en los asentamientos irregulares ubicados en el área natural Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco y ofrecerles opciones de vivienda en lugares apropiados.

La decisión de la juez primera de distrito en materia administrativa, Paula María García Villegas, fue a partir de un juicio de amparo que promovió un ciudadano que demandó el incumplimiento de la decisión de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, que estableció que ni el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de Xochimilco 2005 ni las autoridades ambientales capitalinas cuentan con políticas públicas definidas para resolver la situación que generan los 137 asentamientos irregulares, por lo que su condición irregular continúa.

La resolución de agosto de 2012 de la Procuraduría Ambiental, avalada por la juzgadora, estableció que el crecimiento de asentamientos humanos en esas zonas ha contribuido a aumentar los rezagos en equipamiento, infraestructura y vialidad, provocando un fuerte impacto ecológico, afectando gravemente el ambiente y el desarrollo urbano previsto en la demarcación desde 1997.

Además, contraviene la norma en materia de uso de suelo, construcciones, derribo de árboles, residuos sólidos y descarga de aguas residuales, entre otras cuestiones que afectan al ambiente.

La delegación aceptó que la situación genera cinco riesgos concretos: geológicos, hidrometereológicos, físicoquímicos, sanitarios y socio-organizativos, y que dichos núcleos se ubican en terrenos poco aptos para la urbanización y la dotación de servicios.