El incremento en el número de militares dedicados a combatir el narcotráfico, a partir de diciembre de 2006, obligó al gobierno de Felipe Calderón a aumentar las percepciones y las medidas para mejorar el nivel de vida de los soldados y reducir el alarmante número de deserciones, lo cual generó el riesgo de que los uniformados se pasaran al lado del crimen organizado.

Sin embargo, las acciones para mantener o atraer personal a la milicia no se reflejaron en el mejoramiento de las pensiones y en la atención a los militares que pasaron al retiro.

De acuerdo con el Informe de Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) 2006-2012, la dependencia cumplió el objetivo de mejorar 100 por ciento el nivel del personal militar en activo, situación de retiro y pensionistas.

Para ejemplificar las mejoras citó que un soldado ganaba 4 mil 474 pesos en 2006 y para el 30 de diciembre de 2012 su sueldo subió a casi 9 mil pesos, es decir, 117 por ciento de incremento. Indicó que la cobertura de medicamentos pasó de 70 por ciento en 2006 a 98 por ciento en 2012.

Además, 29 mil 500 hijos de militares en activo, fallecidos, desaparecidos o incapacitados durante el servicio, fueron beneficiados con becas desde el nivel primaria hasta la universidad para el ciclo escolar 2013-2014. De éstos, los más favorecidos son los 3 mil 961 becarios de universidades privadas, los cuales reciben para sus colegiaturas desde mil 100 hasta 24 mil 386 pesos mensuales.

De acuerdo con la Sedena, estas acciones influyeron para reducir la deserción en 30 por ciento durante el sexenio anterior, al pasar de 107 mil 158 casos (casi la mitad de los efectivos actuales) entre 2000-2006 a poco más de 55 mil durante el gobierno de Felipe Calderón.

En contraparte, el general Samuel Lara Villa, presidente de la Federación de Militares Retirados Francisco J. Mújica, denunció que la situación de los soldados jubilados ha empeorado en los pasados años, ya que se ha intensificado una ofensiva oficial para afectar sus derechos.

En entrevista, el militar señaló una serie de acciones, avaladas por el general secretario Salvador Cienfuegos Zepeda, en perjuicio de los más de 48 mil soldados que dejaron gran parte de su vida en el servicio a la patria.

Comentó que un elemento de tropa, como sargento segundo o primero, sirve entre 20 y 25 años en el Ejército porque les llega la edad límite y después los echan fuera, con pensiones de unos 4 mil 500 pesos al mes, lo que equivale a casi una cuarta parte de lo que recibían en activo.

Las bajas pensiones afectan particularmente a los casi 190 mil elementos de tropa (soldados, cabos y sargentos) que reciben las pensiones más bajas por su grado y años de servicio.

Destacó la aplicación del artículo 16 del nuevo reglamento del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM) que limita el derecho de los militares que pasan a retiro a ascender al grado inmediato superior.

Dicho artículo precisa que para efectos de retiro el ascenso al grado inmediato será únicamente para el cálculo y el otorgamiento del beneficio económico correspondiente, conservando para todos los demás efectos el grado que se haya conferido, es decir, el que ostentaba al momento del retiro.

Esta disposición ya ha sido impugnada vía amparo, ya que la retroactividad de la ley en perjuicio de los asegurados es inconstitucional, confirmaron fuentes del ISSFAM.

Tenemos un registro de más de mil casos en los que soldados que pasaron a retiro nos piden asesoría ante esa injusticia, y lo que les aconsejamos es que firmen de inconformidad su baja y que vean la forma de interponer un amparo, indicó el dirigente de los militares retirados, quien reconoció que la autoridad apuesta a que por falta de recursos o tiempo, sean pocos los que lleven a los tribunales su inconformidad.

Hasta el año pasado –resaltó– cuando fallecía un militar su viuda recibía la misma cantidad que percibía su esposo en vida; actualmente le quitan 40 por ciento de ese ingreso.

¡Imagínese para la señora que queda con hijos menores de edad, porque a los retirados no les conceden becas para sus hijos! Eso estaba previsto en la ley y lo quitaron, aseveró.

Lamentó que la decisión de que civiles puedan ser atendidos en los hospitales militares, previo pago, se ha traducido en un empeoramiento del servicio y en malos tratos para los derechohabientes. Rechazó la versión oficial de que existe una dotación completa e inmediata de medicamentos, aparatos ortopédicos y prótesis.