La posibilidad de que una activista mexicana se haga acreedora a un galardón internacional de derechos humanos significa un reconocimiento al buen trabajo que desarrollan las organizaciones civiles en el país, y al mismo tiempo una muestra del alto riesgo que enfrentan dichos colectivos y de la grave situación que atravesamos como sociedad.

Así lo afirmó Alejandra Ancheita, directora de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), quien fue nominada como una de las tres finalistas para ganar el Premio Martin Ennals 2014, considerado un Nobel de los derechos humanos.

La propia nominación ya es un reconocimiento muy importante a los 15 años que tengo en la defensa de los derechos humanos en México, pero también una responsabilidad muy grande en términos de que implica un reconocimiento de la situación de riesgo que enfrento no sólo yo, sino todos mis compañeros al hacer esta labor, indicó Ancheita en entrevista con La Jornada.

Más allá de la alegría que significa estar considerada en la terna final de la distinción –junto con Cao Shunli, de China, y Adilur Rahman Khan, de Bangladesh–, lo cierto es que los retrocesos en materia de derechos humanos en México y las constantes agresiones contra las organizaciones sociales son la causa de que una activista del país figure como candidata al premio, lamentó la abogada.

Una prueba de ello, dijo, es que la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos registró un total de 89 agresiones contra defensores de las garantías individuales, tan sólo entre 2010 y 2012.

De igual forma, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal documentó 809 agresiones a activistas de 2010 a 2013, al tiempo que la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México tuvo conocimiento de 242 ataques contra mujeres activistas el año pasado, con 95 por ciento de impunidad en todos los casos.

Ancheita –abogada especialista en la defensa de trabajadores y comunidades indígenas afectadas por megaproyectos– enfatizó que los graves problemas de corrupción y violencia en México han hecho que la protección de los derechos laborales más básicos se conviertan en motivo de amenazas y hostigamiento.

El cuidado y promoción de los derechos económicos, sociales y culturales, que buscan el progreso de las mayorías y no sólo de unos cuantos, provocan mucha incomodidad para los grupos que detentan el poder. He recibido amenazas, como muchos otros defensores, pero no han sido obstáculo para seguir defendiendo a trabajadores, migrantes y comunidades agrícolas, subrayó.

El comité evaluador del Premio Martin Ennals –integrado por 10 organizaciones internacionales de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional y Human Rights Watch– darán a conocer su fallo el próximo 7 de octubre.