La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) analizará cada agravio federal de alto impacto relacionado con la violencia y sustentará sus conclusiones en ordenamientos nacionales e internacionales. Los casos a estudiar, para proteger a los afectados o reparar el daño, se relacionan con presuntos actos ilegales cometidos por las fuerzas armadas.

El fondo para la reparación del daño y atención a las víctimas es de 500 millones de pesos (equivalente a 0.014 por ciento del presupuesto de egresos de la Federación), renovable cada año; el fideicomiso correspondiente estará a cargo del Banjército.

Olga María Noriega, presidenta de la CEAV, dijo que aun cuando no ha sido publicado el reglamento de la Ley General de Víctimas, la nueva instancia funciona. Sin embargo, admitió que hay retos en materia de coordinación entre instancias federales y estatales para la integración del registro nacional de víctimas.

Lo más importante para la creación del registro es que se cuenten con datos fidedignos; por ejemplo, en el caso de desaparecidos hay un dato de aproximadamente 20 mil casos, pero la lista está en proceso de depuración y está bajando la cifra, señaló.

Informó que ya se creó la Asesoría Jurídica Federal (abogados victimales) que en México es fundamental para la defensa de las víctimas, a fin de que ya no se queden en el último lugar del drama de justicia penal.

Sin embargo, Noriega reconoció que persiste el atraso en la depuración de la lista de desaparecidos  y de atención especializada, debido a que hay fallas de coordinación con las autoridades estatales, cuyas procuradurías deben enviar datos actualizados a la Federación.

También, dijo, estamos implementando lo relacionado al Registro Nacional de Atención Víctimas, lo cual requiere también de una actividad importante de los estados.

Los estados se deben comprometer a dar atención integral a las víctimas, dijo en entrevista.

La actividad de la comisión va encaminada a contribuir en la definición de políticas públicas en la materia, toda vez que 92 por ciento de los delitos en México no se denuncian por miedo a una revictimización.

En tanto, precisó, el reglamento se encuentra en periodo de análisis de impacto presupuestal y será publicado en alrededor de dos meses.

Los comisionados ya dieron su opinión del proyecto del reglamento, de ahí que resta cumplir con otros pasos para su envío a la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y su inmediata entrada en vigor.