El retraso en la emisión del reglamento de la Ley General de Víctimas no puede atribuirse a la revisión hecha a ese documento por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), como sugirió la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Lía Limón, pues dicho organismo dio sus observaciones a la funcionaria hace ya cinco meses.

Por conducto de una carta fechada el primero de noviembre de 2013, con sello de recibido de la SG en ese mismo día –de la cual La Jornada tiene una copia–, la comisionada presidenta de la CEAV, Olga Noriega Sáenz, le hizo llegar a Limón los comentarios y opiniones de los miembros de esta entidad al anteproyecto del reglamento de la Ley General de Víctimas, que la subsecretaria le había enviado el 17 de octubre de ese mismo año.

En la misiva, los comisionados incluyen una serie de observaciones generales, entre ellas que el reglamento de la ley sólo prevea cuáles son las áreas sustantivas que conformarán a la CEAV, para dejarle la facultad al pleno de este organismo de decidir sus formas de organización internas.

De igual forma, sugieren que la presidenta de la comisión se encargue de la unidad de administración y finanzas, la secretaría técnica y las unidades de comunicación social y unidad jurídica, para que el pleno asuma las tareas de las unidades de políticas públicas y asistencia y protección inmediata.

Las propuestas

Por otro lado, proponen que los comités especializados a los que se refiere la Ley General de Víctimas no sean unidades de atención directa al público, sino áreas encargadas de diseñar políticas públicas, ya que de esta forma se evita que invadan competencias de otras instancias que prestan ayuda a quienes han sufrido un delito o violación de derechos humanos.

Asimismo, se sugiere crear una regulación específica para las organizaciones de la sociedad civil que apoyan a las víctimas, y regular el procedimiento mediante el cual se aseguren condiciones dignas, integrales y efectivas para la atención de las mismas, entre otros puntos.

Como se publicó en este diario el jueves pasado, Lía Limón trató de justificar el retraso de nueve meses en la publicación del reglamento de la Ley General de Víctimas al afirmar que era imprescindible consultar primero el contenido del texto preliminar con la CEAV.