La mayoría de presuntos delincuentes detenidos en Michoacán tras la designación del comisionado federal Alfredo Castillo han sido acusados de delitos del fuero común, a pesar de que fueron encontrados en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas y droga, revelaron colaboradores del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam.

En promedio seis de cada 10 presuntos integrantes del cártel de Los caballeros templarios y otras organizaciones criminales que operan en esa entidad han sido puestos en manos de la Procuraduría General de Justicia de Michoacán.

El pasado 26 de marzo, 11 hombres armados que se hacían pasar por integrantes de un grupo de autodefensa fueron detenidos por elementos de la policía ministerial en el municipio de Ziracuaretiro, y a pesar de que fueron encontrados en posesión de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, no fueron puestos a disposición de la PGR.

Entre los casos que ha tocado conocer al Ministerio Público Federal se encuentra la aprehensión –realizada a mediados de agosto de 2013 en el municipio de Aquila por más de 300 soldados y elementos de la Marina, así como unos 100 policías del Grupo de Operaciones Especiales del estado– de 30 integrantes de grupos de autodefensa, a quienes acusaron de violación a la Ley Federal contra la delincuencia Organizada. De los imputados, 18 no alcanzaron derecho a la libertad bajo fianza.

Asimismo, correspondió al Ministerio Público Federal conocer y consignar ante un juez federal a 19 integrantes del grupo de autodefensa de Yarécuaro, entre ellos Luis Manuel Hernández Pineda, Enrique Morando Cortez y Omar Romero González o Taurino Ramírez Ramírez, quienes presuntamente confesaron haber participado en el asesinato del alcalde de Tanhuato, Gustavo Garibay García, cometido el 22 de marzo de este año.

La PGR acusó a esas personas de haber perpetrado el delito de terrorismo, independientemente que se les realizaron cargos del fuero común.

Sin embargo, de acuerdo con los funcionarios consultados, la mayoría de los casos han quedado en manos de la procuraduría local, ya que muchos presuntos delincuentes solamente son acusados por ilícitos como extorsión y secuestro y ya no se realizan desgloses de sus averiguaciones previas en el ámbito federal.