El PAN atoró la posibilidad de aprobar antes de que concluya el periodo ordinario, el próximo día 30, las leyes secundarias en materia político-electoral y de telecomunicaciones, y obligó a las demás fuerzas políticas en el Congreso a acordar la realización de varios periodos extraordinarios indistintos en ambas cámaras.

Los coordinadores de PRI, PAN y PRD en el Senado y la Cámara de Diputados se reunieron ayer y, en el nuevo escenario, formularon la ruta crítica para los próximos seis días que le quedan al periodo.

La intención es que el Senado apruebe a más tardar el martes próximo la legislación política, para dar tiempo a que la Cámara de Diputados la reciba y turne a comisiones y la pueda dictaminar en un periodo extraordinario de sesiones en la primera quincena de mayo.

Durante ese encuentro, realizado en el restaurante Capital Grill, en Reforma y Niza, los coordinadores priístas Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa, los panistas Luis Alberto Villlarreal y Jorge Luis Preciado, y los perredistas Silvano Aureoles y Miguel Barbosa, expresaron preocupación por los temas pendientes y reconocieron que deberán abrir uno o más periodos extraordinarios, no necesariamente en ambas cámaras a la vez.

El perredista Barbosa expresó confianza en que el Senado sacará las leyes político-electorales en los próximos días, así como la ley de competencia económica.

El panista Preciado detalló a su vez que acordaron que entre el 15 y 30 de junio podría haber varios periodos extraordinarios, para discutir y aprobar las leyes secundarias energéticas y las demás que no se alcancen a aprobar el próximo miércoles.

Antes, en el encuentro con los demás coordinadores, Preciado expuso a sus compañeros que la decisión de su bancada es no ir a ninguna reforma mientras no se apruebe la legislación en materia político-electoral; ello es es inamovible, dijo. Detalló que tienen profundos desacuerdos con los proyectos de dictamen que se discuten: la ley de instituciones y procedimientos electorales y la de partidos políticos.

Aunque ambos proyectos fueron consensuados con las demás fuerzas políticas y con el gobierno, el Partido Acción Nacional desconoció lo acordado por su negociador, el senador Héctor Larios, y ayer, en una reunión a puerta cerrada de toda la bancada, decidieron exigir diversas modificaciones y nombraron a seis nuevos negociadores.

El grupo lo encabezan Juan Carlos Romero Hicks, Roberto Gil Zuarth, Raúl Gracia, Sonia Mendoza y Héctor Larios, quienes van a insistir en que se aprueben las modificaciones que demandan. Pretenden que se aprueben, además de las dos leyes ya con dictamen, las de propaganda gubernamental y la de derecho de réplica.

El senador Gil Zuarth rechazó que el blanquiazul frene la negociación y dijo que no pueden permitir que el PRI no respete los contenidos de las reformas constitucionales y den marcha atrás, ‘‘porque ya se dieron cuenta de que las modificaciones que votaron a la Carta Magna, en la reforma política, de telecomunicaciones y energética, les provocan cierto daño’’.

Preciado, en tanto, advirtió que no le pueden dar ‘‘un cheque en blanco’’ al gobierno de Enrique Peña Nieto, ya que antes de pasar al siguiente tema, que es la ley de telecomunicaciones, ‘‘requerimos reglas claras para el juego democrático’’. El panista explicó que entre sus siete condiciones irreductibles está replantear la estructura del Instituto Nacional de Elecciones (INE), en lo que se refiere a comisiones, secretaría ejecutiva y oficialía mayor.

Asimismo, ‘‘establecer un sistema profesional electoral, con características homogéneas, pero administraciones diferenciadas, conformar supuestos para hacer viable la relación del INE con los órganos estatales electorales, delegar facultades de ese instituto a los órganos locales y replantear además el modelo para el nombramiento de los consejeros electorales’’.

Al respecto, el perredista Alejandro Encinas expuso que el problema es que el PAN insiste en que se introduzcan en la legislación secundaria modificaciones que van más allá de la reforma político-electoral, con cuestiones que vulneran además la autonomía de los estados.