asi 13 años atrás tres tristes funcionarios del gobierno foxista festejaban que la sorpresiva decisión del entonces inquilino de Los Pinos no le costaría prácticamente nada al erario, y que, por el contrario, con la estatización transitoria de 27 ingenios azucareros, los empresarios expropiados no salen a deber. Y la acción, justificaban, tenía como objetivo que dichas centrales no sigan siendo un hoyo negro adonde se va el financiamiento del gobierno para el sector.

El 3 de septiembre de 2001, los secretarios de Agricultura, de Economía y de Hacienda, Javier Usabiaga, Luis Ernesto Derbez y Francisco Gil Díaz, respectivamente, hicieron pública la decisión del gobierno foxista de expropiar (por causa de utilidad pública y en favor de la nación) casi la mitad de los 60 ingenios azucareros existentes por aquellas fechas en el país, que en ese momento, en conjunto, adeudaban alrededor de 3 mil millones de dólares a diversas instituciones del Estado (Financiera Nacional Azucarera, Comisión Nacional del Agua, IMSS, Bancomext, FIRA –del Banco de México– y Banrural), ante lo cual ninguno de los funcionarios supo explicar quién pagaría.

Usabiaga, Derbez y Gil Díaz aseguraban que tal decisión no le costaría prácticamente nada a las finanzas nacionales. Pues bien, a escasos meses de que se cumpla el aniversario número 13 de la citada estatización transitoria llevada a cabo por el gobierno foxista, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha tenido a bien informar que al cierre de 2012 el costo de la expropiación de sólo nueve de los 27 ingenios azucareros citados ascendió a poco más de 9 mil millones de pesos, y contando, porque el chiste aún no termina.

Lo anterior, sin incluir 12 mil 300 y pico de millones de pesos por la liquidación de Financiera Nacional Azucarera, organismo que a todas luces asumió buena parte de los pasivos privados que se endosaron a todos los mexicanos, en una suerte de Fobaproa azucarado. En total, pues, más de 21 mil 320 millones de pesos en un operativo a favor de la nación que (Usabiaga, Derbez y Gil Díaz dixit) al erario prácticamente nada le costaría.

¿Por qué sólo nueve de los 27 ingenios azucareros estatizados transitoriamente? Fue tan desaseado el proceder del gobierno foxista que, explica la ASF, los representantes legales de 25 ingenios promovieron juicios de amparo por considerar que no se respetaron sus garantías constitucionales. Catorce de ellos ganaron el juicio y les devolvieron los bienes entre 2004 y 2006. Los 13 ingenios restantes pasaron a ser propiedad del gobierno federal. De ellos, dos se vendieron en una bagatela, y otro par, al momento de la expropiación, se encontraba en proceso de quiebra. Así, sólo nueve quedaron bajo resguardo público, y fue tal el éxito que el 23 de julio de 2012 la Secretaría de la Función Pública emitió el acuerdo por el que se desincorporan del régimen de dominio público de la Federación los inmuebles de las nueve unidades industriales, propiedad del gobierno federal, y se autoriza su enajenación por conducto del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes. Pero los pasivos, todos, se endosaron al erario.

La Auditoría Superior de la Federación desmenuza la situación financiera de los nueve que quedaron: se comprobó que los resultados de operación de los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2012 reflejaron una pérdida, originada principalmente por las situaciones siguientes:

En 2007, los Fideicomisos Ingenios (FISOS), creados por Promotora Azucarera (Proasa) y Nacional Financiera, se constituyeron en patrón sustituto y asumieron obligaciones laborales. En 2008, los gastos de operación de los bienes expropiados aumentaron debido a que no contaron con los recursos suficientes para pagar el diferencial del precio de la caña, con lo cual el costo de la materia prima aumentó. En 2012 existió sobreproducción de azúcar y el precio de venta del producto cayó 44 por ciento, lo que provocó pérdidas a los ingenios por una acumulación de inventarios que no se pudieron comercializar en su totalidad.

Con los estados de situación financiera y los resultados del ejercicio fiscal de 2012 se determinaron las razones financieras de solvencia y rentabilidad: respecto de la primera se observó que en ocho ingenios su índice fue menor que la unidad y osciló entre 49 y 82 centavos para hacer frente a cada peso de sus obligaciones y sólo uno contó con activos suficientes para el pago de sus obligaciones. Respecto del índice de rentabilidad se determinó que seis ingenios obtuvieron índices negativos, lo que significó que sus ventas no fueron suficientes para cubrir sus gastos de operación; los tres ingenios restantes oscilaron entre uno y 7 por ciento de rentabilidad en relación con sus ventas, por lo que se concluye que los bienes expropiados no fueron viables como negocio.

Como se ha comentado en este espacio, la de la industria azucarera mexicana es la clásica historia de empresas pobres, trabajadores miserables y empresarios riquísimos, que hicieron, y hacen, infinidad de suculentos negocios –en distintos sectores de la actividad económica– con el poder político. Y es el propio poder político –con distintas máscara– el que en nombre de la nación les quitó de encima deudas por alrededor de 3 mil millones de dólares, a cambio de un montón de fierros viejos y un mercado de exportación en crisis.

No es ocioso recordar que fue en el sexenio salinista cuando se privatizaron los 60 ingenios azucareros existentes, vendidos a los empresarios de siempre y por los que el erario recibió alrededor de 400 millones de dólares, para posteriormente, ya en tiempos de Fox y Calderón, rescatar una deuda privada cercana a 3 mil millones de billetes verdes. Así, en términos nominales, por cada dólar que el gobierno obtuvo por la privatización de los ingenios azucareros, del erario salieron 7.5 billetes verdes para su rescate, más el costo de administración.

Qué bueno, pues, que la azucarada acción foxista prácticamente nada le costó a la nación.

Las rebanadas del pastel

Ernesto Zedillo, el rescatador oficial de la banca, ataca de nuevo: Citigroup, dueño de Banamex, lo designó como su consejero, de tal suerte que nada raro sería que su primera encomienda sea recuperar los 400 millones de dólares que Oceanografía le birló a esa trasnacional financiera. ¿Cómo? Pues para eso están los amigos en el gobierno y el cobro de favores. El bienestar para la familia fue su oferta de gobierno y cumplió a cabalidad, aunque no a la mexicana, sino a la famiglia. ¿Capisci?

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