Buenos Aires, 24 de abril.

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el empresario Mauricio Macri y varios funcionarios de su gabinete, continuarán imputados en la causa en la que se juzga su responsabilidad en la represión brutal que realizó la Policía Metropolitana en el edificio de un hospital siquiátrico, con saldo de 50 heridos, entre ellos algunos pacientes, el 26 de abril del año pasado.

La decisión la tomó el tribunal de la Sala IV de la Cámara del Crimen que dejó sin efecto el sobreseimiento de Macri, la vicejefa de gobierno, María Eugenia Vida, el jefe del gabinete municipal Horacio Rodríguez Larreta, al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro y otros; determinó además que deben continuar la investigaciones para establecer las responsabilidades de estos funcionarios.

La agencia oficial Télam que tuvo acceso a esta resolución dio a conocer algunos aspectos en los que el tribunal considera que al momento de resolver sus sobreseimientos el juez (López) señaló que no existían elementos mínimos objetivos, ciertos, concretos y directos para atribuirles algún tipo de participación criminal en los eventos, ya fuera en lo relativo a la actuación del personal de la Policía Metropolitana o bien en la demolición del taller, lo que resultó prematuro cuando aún se estaba en los primeros avances de la investigación.

De esta manera se contradecía una vasta jurisprudencia que de forma casi unánime entiende que cuando existe prueba pendiente de producción, como en este caso, el juez no debe pronunciar sobreseimientos por falta de prueba.

Los enfermos del hospital Borda realizaban trabajos dentro de un proyecto de Terapia Ocupacional, que estaba protegido por ley. El 26 de julio pasado, la Policía Metropolitana provista con armas pesadas y gases lacrimógenos comenzó a destruir el taller de manera imprevista ante la resistencia de quienes trabajaban en el lugar.

En ese operativo, entre 200 y 300 policías de la infantería de la Metropolitana, con armas largas, cascos y escudos, entraron por la parte de atrás del nosocomio para acompañar a un grupo de demolición de una empresa privada, sin ningún aviso previo a las autoridades hospitalarias.

Desde que asumió su segundo mandato en 2011, Macri buscó desalojar el sanatorio Borda para construir edificios de alto nivel considerando que los terrenos que ocupa el centro hospitalario son de alto valor inmobiliario. Ante la resistencia a este plan decidió construir el llamado Centro Cívico en parte del terreno para albergar al gobierno porteño.

La actuación tan violenta de la Metropolitana, cuya organización, empleando a personas ligadas a la pasada dictadura, ha sido muy cuestionada por organismos sociales y humanitarios, fue rechazada en sectores políticos y por legisladores, que fueron también maltratados y golpeados.

La revocatoria de los sobreseimientos de los agentes de la Policía Metropolitana, así como del ministro de Desarrollo Urbano (Daniel Chaín) torna inadecuado el cierre de la investigación respecto de estas autoridades, dijeron los magistrados.

Reconocieron que la jefatura de gobierno debe actuar en forma directa en el ejercicio de su poder jerárquico si conoce que sus inferiores incumplen con sus obligaciones específicas o deberes de su cargo, pues de no hacerlo podrían incurrir en una conducta con significación jurídico penal.

En tanto, en otra resolución en una de las causas conexas que se iniciaron por esos hechos, los magistrados confirmaron el procesamiento del secretario de Organización de la Asociación de Trabajadores del Estado, Daniel Catalano, por atentado a la autoridad y tentativa de robo, cuando junto a otros trabajadores intentaron defender el predio. Los dirigentes gremiales advierten que era su deber defender un lugar de trabajo, que además estaba protegido por su antigüedad y las funciones que cumplía.

No es el único pendiente que Macri tiene con la justicia, a la que se enfrentó, cuando grupos de choque del municipio, atacaron violentamente durante varias noches y en distintos lugares a personas que vivían en las calles y otras denuncias por destruir centros culturales, así como la actuación de la misma policía en otras represiones como las del Parque Indoamericano (2012), donde por los menos hubo tres personas asesinadas, en intentos de desalojo del lugar. También están pendientes las responsabilidades del intendente Macri, que dirige la derechista Propuesta Republicana, que gobierna la ciudad.

Demanda de familias a Macri

En tanto, representantes de la Corriente Villera Independientes (CVI) que reúne a 22 villas de emergencia (ciudades perdidas) de esta capital acampan alrededor del Obelisco, en el centro de esta capital, con el reclamo a Macri de la urbanización de los barrios más pobres de la ciudad, y lo hacen con una huelga de hambre que lleva tres días.

La carpa es visitada constantemente por grupos solidarios y los dirigentes de las 22 villas de Capital Federal advirtieron que no saben cuánto va a durar la medida, pero estamos abiertos al diálogo cuando el gobierno lo disponga y quiera sentarse con nosotros, declaró Rodrigo Segovia, miembro de la CVI.

El campamento se instaló tras una conferencia de prensa de 13 delegados de las villas de emergencia, que exigen al gobierno de la ciudad que declare la emergencia habitacional, socioambiental, sociosanitaria y socioeducativa en las villas, la urbanización con radicación, una auditoría de las cooperativas y empresas que trabajan en los barrios, la regulación de alquileres y subsidios habitacionales y que no se criminalice la pobreza.