En meses recientes, diversas comunidades del estado de México han enfrentado conflictos generados por los intentos de despojarlos del agua y otros recursos naturales, y aunque estos problemas han surgido en diferentes zonas de esa entidad, no son fenómenos aislados, sino parte de un mismo esquema para construir desarrollos inmobiliarios y autopistas.

Así lo afirmó Antonio Lara, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, quien señaló que ante el agotamiento de la zona metropolitana de la ciudad de México, el gobierno de Eruviel Ávila y grupos de empresarios del estado de México han optado por construir las llamadas ciudades bicentenario, cuya finalidad no es remediar la necesidad de vivienda digna, sino crear nuevas oportunidades de negocio a costa de los pueblos.

Como se recordará, en julio de 2007 el entonces gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto anunció un proyecto para desarrollar grandes complejos habitacionales en los municipios de Tecámac, Zumpango, Huehuetoca, Jilotepec, Atlacomulco y Almoloya de Juárez, concebidos como ciudades modelo, autosuficientes, ambientalmente viables y socialmente justas.

Sin embargo, acotó Lara, el verdadero propósito de las ciudades bicentenario es desarrollar nuevos proyectos inmobiliarios ante el agotamiento de la zona metropolitana del Distrito Federal y Toluca, haciendo una segunda versión del corredor económico llamado zona esmeralda, conformado por Naucalpan, Atizapán, Nicolás Romero y Tlalnepantla.

Las ciudades bicentenario buscan ocupar un espacio que sigue estando cerca de la ciudad de México, y para ello necesitan agua, pero también carreteras, comercios y viviendas. Quieren desarrollar un megaproyecto a la mexiquense y para eso necesitan despojar a las comunidades de sus tierras, bosques y aguas, subrayó el activista.

En ese contexto, uno de los primeros pueblos afectados fue San Francisco Xochicuautla, ubicado en el municipio de Lerma, que junto a Ayotusco –ambos de población indígena ñahñu– se opone a la construcción de una autopista que uniría el aeropuerto de Toluca con las zonas de Huixquilucan y Naucalpan.

De igual forma, las comunidades Cahuacán y San Francisco Magú, en Nicolás Romero, han manifestado su resistencia a la construcción de unidades habitacionales, al tiempo que en Cañada de Cisneros y Tepozotlán, en el municipio de este nombre, se teme la posibilidad de que sean instalados tiraderos de basura de los desarrollos inmobiliarios cercanos.

Uno de los pueblos que han atraído mayor atención en su lucha contra este tipo de proyectos es Coyotepec, cuyos presidente municipal ha tratado de que los recursos hídricos sean controlados por el gobierno local en lugar que lo haga el sistema de usos y costumbres que los rige desde hace décadas, supuestamente con el objetivo de cederlos a la ciudad bicentenario de Huehuetoca, dijo Lara.

El gobierno del estado de México le apostó en un primer momento a la represión, pero tuvo que matizar su actitud ante las movilizaciones de la gente y la atención de colectivos como Amnistía Internacional, Freedom House y la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Las comunidades ya dijeron que no quieren otro Atenco, pero tampoco están dispuestas a entregar sus recursos naturales, recalcó.