La agencia nacional de seguridad industrial y de protección al medio ambiente del sector hidrocarburos (Ansipa), planteada en la reforma energética, debe ser un órgano técnico-jurídico sólido que permita a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) regular la sostenibilidad en ese ámbito, plantearon organizaciones no gubernamentales (ONG).

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Defensoría Penal y Ambiental, entre otras ONG, demandaron a los legisladores que la agencia –que debe estar integrada a más tardar el 20 de abril– cuente con facultades bien definidas, brinde seguridad jurídica, evite la sobrerregulación y duplicidad de funciones y sea clara en sus procesos, con una perspectiva de derechos humanos, así como mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

En un comunicado, indicaron que la Ansipa no debe mermar los esfuerzos por consolidar un sistema jurídico ambiental fuerte, con un presupuesto adecuado, autónomo y capaz de enfrentar los retos de evaluación de impacto ambiental y de supervisión y procuración de justicia ambiental.

Consideraron que uno de los aspectos en que se debe poner mayor atención es que, al permitir la entrada de particulares en la industria energética, se incrementará drásticamente la explotación de fuentes no convencionales de hidrocarburos, como el aceite y gas de shale de lutitas y el petróleo en aguas profundas y ultraprofundas, los cuales hasta hace poco, por razones de costo, tecnología y riesgos económicos, eran casi imposibles de emprender.

Estimaron que obtener hidrocarburos de estas fuentes implica riesgos de alta magnitud y costos ambientales y sociales, así como de seguridad para trabajadores y comunidades. De llevarse a cabo esos procesos de extracción, se deben hacer con cuidado y vigilancia, así como en cumplimiento efectivo a una estricta normatividad técnica, operativa y ambiental, apuntaron.