l país y el mundo entero se estremecieron hace ocho años, cuando el 19 de febrero de 2006 ocurrió el siniestro en la mina 8 de Pasta de Conchos, de la zona carbonífera de Coahuila, donde perdieron la vida 65 trabajadores mineros, en lo que se ha calificado, justa y objetivamente, como un homicidio industrial ejecutado por la empresa Grupo México y su principal accionista, Germán Feliciano Larrea Mota Velasco, sus socios y directores, así como diversos funcionarios públicos que solaparon esa criminal tragedia inducida.

Desde ese entonces ha sido un clamor nacional e internacional que se proceda al rescate de los 63 cuerpos de mineros que aún siguen abandonados en Pasta de Conchos, para darles digna sepultura. Otro elemento de ese reclamo ha sido otorgar a las viudas y familiares de los fallecidos la justa indemnización y no las migajas que les han querido dar. Y, en tercer lugar, castigar penalmente a quienes con su negligencia y arrogancia indujeron ese homicidio industrial.

Frente a estas justas demandas, los dos gobiernos anteriores del Partido Acción Nacional (PAN) nunca respondieron, mostrando una complicidad total y un claro encubrimiento hacia los autores del hecho violento de la pérdida de vidas de trabajadores mineros. A diferencia de aquellos, el gobierno actual ha señalado, desde que se inició hace más de un año, que procedería al rescate de los cuerpos abandonados en dicha mina y que sólo hacía falta elaborar un procedimiento de operación e ingreso, a fin de que sin problemas de inseguridad para los rescatistas, se realizara la recuperación de los cuerpos. Esto en principio significó el reconocimiento pleno de la justeza que ampara la petición que como dirigente máximo del sindicato minero he planteado desde 2006.

A pesar de esta positiva declaración de intenciones, nada se ha hecho en el camino de cumplir el ofrecimiento, no obstante que tanto el presidente Enrique Peña Nieto, como su secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, declararon a finales del año pasado y principios del actual, que realizarían el rescate de los cuerpos y que respetan la autonomía del sindicato nacional de mineros, así como mi liderazgo, y que este gobierno no buscará de ninguna manera la persecución política de dirigente alguno.

La responsabilidad del rescate extrañamente le fue asignada a la Procuraduría General de la República (PGR), y no a la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es la encargada de realizar las inspecciones en los centros de trabajo del país. La promesa de este gobierno formulada en junio pasado ha sido incumplida hasta la fecha, lo que dio el pretexto al Grupo México para que en octubre de 2013 interpusiera una demanda de amparo por la vía civil para evitar que se realizara la recuperación de los cuerpos.

La empresa argumentó, con evidente falsedad, que con el rescate se crea un elevado riesgo de causación de daños a personas, comunidades aledañas, así como a la flora y la fauna de la región, que Grupo México no está obligado a realizar los trabajos de excavación y que tampoco es responsable de los costos y eventuales indemnizaciones por daños. Con esta maniobra, Grupo México trató de evitar que los cuerpos abandonados sean rescatados, pero con su actitud en esta demanda confirmó lo que desde el momento mismo del siniestro en 2006 se ha dicho: Grupo México y Larrea pretenden ocultar las verdaderas causas del homicidio industrial, que son la negligencia empresarial, la arrogancia y la insensibilidad criminal, al no instalar los adecuados sistemas de seguridad industrial en esa mina, lo cual también es una constante en los demás centros de trabajo que esa compañía opera.

No obstante, el 2 de diciembre de 2013 el segundo tribunal colegiado en materia civil del primer circuito le negó el amparo a la empresa por ser éste a todas luces improcedente. Con ello se terminó el alegato por la vía civil de Grupo México, el cual deberá someterse a la decisión anunciada por el secretario del Trabajo, Navarrete Prida, para no obstaculizar al menos las tareas de rescate.

La pretendida autoexculpación de la empresa no sólo es violatoria del Contrato Colectivo de Trabajo que ella y el sindicato minero tenían firmado para protección de los trabajadores, sino también el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo, que son muy claras en establecer la responsabilidad de toda compañía hacia la protección, integridad física y salud de sus trabajadores.

Ya nada impide, pues, que se proceda al rescate de los cuerpos en Pasta de Conchos. Ni Grupo México obtuvo el amparo que cínicamente solicitaba ante un juzgado civil, ni hay impedimento oficial, sino disposición declarada de las autoridades para realizar esa operación, máxime que desde 2008 el sindicato nacional de mineros con las viudas y los familiares de los trabajadores fallecidos demostraron que era posible ingresar a la mina sin peligros de inseguridad.

Las preguntas al gobierno son: ¿qué impide realizar la recuperación de los 63 cuerpos de mineros abandonados? ¿Por qué permite que la PGR y otras autoridades encubran el homicidio industrial de Grupo México con Larrea a la cabeza y hasta la fecha permanezcan impunes? Es más, ¿aceptan y simulan no conocer las cortinas de humo de este grupo irresponsable, tal como el supuesto asesinato de un ex subsecretario del Trabajo, tratando absurdamente de relacionarme en dicho oscuro y extraño proceso?

Nadie con mente sana en este país se los cree y, por el contrario, todo mundo se da cuenta que este tipo de mentiras corresponde únicamente a mentes enfermas, desesperadas y corruptas que ocultan la verdad y utilizan hechos siniestros para pretender desprestigiar. La respuesta ha sido una denuncia penal por falsedad en declaraciones contra los autores de tan descabellada estupidez. La verdad saldrá pronto a la luz pública y todos esos sujetos serán desenmascarados ante la sociedad que cada vez está más cansada de tanta incompetencia y corrupción.