ara que todo quede en el olvido –cuando menos en lo legal– y se borre cualquier rastro del delito denunciado, lo mejor es crear una comisión especial en el Congreso mexicano para que investigue a fondo tal o cual caso. A la fecha hay de dulce, de chile y de manteca, y la constante es que ninguna de las muchas existentes arroja resultados y el presunto delito se queda en el aire, porque en esta República de la impunidad todo se arregla en lo oscurito.

Entre las que vienen a la memoria se cuentan la Comisión Especial para el caso de la Guardería ABC, creada por la Junta de Coordinación Política en septiembre de 2009; cuatro años y medio después de tal decisión, los responsables de la tragedia en Hermosillo se mantienen impunes. También en esa fecha nació la comisión especial para investigar a los beneficiarios de los regímenes tributarios especiales, y en los hechos las empresas y empresarios que le han sacado todo el jugo al citado régimen lo siguen gozando sin nada ni nadie que los altere.

No puede quedar fuera del recuento la Comisión Especial para Conocer las Responsabilidades y Origen de la Tragedia de la Mina Pasta de Conchos, creada en diciembre de 2006, diez meses después de la (a todas luces) evitable explosión en aquella mina coahuilense, en la que perdieron la vida 65 trabajadores; los cuerpos de 63 de ellos no fueron rescatados y la mina fue cerrada para borrar cualquier rastro. A estas alturas, Germán Larrea y su Grupo México se mantienen impunes, y los restos de los 63 mineros permanecen en el mismo lugar, con todo y que en enero de 2007 el entonces inquilino de Los Pinos, Felipe Calderón, prometió darles cristiana sepultura, y su secretario del Trabajo, Javier Lozano (hoy despachando en el Senado) ofreció a los deudos castigar a los culpables.

Por esas fechas la Junta de Coordinación Política también creó las siguientes comisiones especiales: para la reforma del Estado; del café; para cuenca de Burgos; para el campo; para investigar agresiones a periodistas y medios de comunicación; de apoyo y promoción de la citricultura; para la defensa y los derechos sociales del agua; de braceros; de promoción digital de los mexicanos; de la no discriminación; encargada de impulsar y dar seguimiento a los programas y proyectos del sur-sureste de México, y de prospectiva para la definición del futuro de México. Echen cuentas y midan resultados.

Una más es la Comisión especial para dar solución a la problemática de los trabajadores mineros en Cananea y de toda la República Mexicana, creada con el fin de conocer los asuntos laborales, salubres y de seguridad social de todos los mineros en el país y concretamente en la histórica mina sonorense. En este capítulo nuevamente aparece involucrado, e impune, Germán Larrea y su Grupo México, para lo cual contó con el decidido servicio policial de Felipe Calderón y Javier Lozano. Nada se sabe de las investigaciones legislativas en torno a este caso, pero todavía tiene tiempo, pues sus trabajos, oficialmente, se mantendrán vigentes hasta agosto de 2015, de acuerdo con el propio documento que avala su creación. ¿Alguien conoce un solo resultado de aunque sea una sola de esas comisiones?

Desde luego que las citadas no son las únicas. De acuerdo con su propia información, la Cámara de Diputados cuenta con 56 comisiones ordinarias (que van desde la dedicada a agricultura y sistemas de riego, hasta la que atiende los temas de vivienda); 32 comisiones especiales (desde agenda digital y tecnologías de la información hasta tecnologías de la información y comunicación, que no es lo mismo pero es igual) y dos comisiones de investigación (Contratos celebrados por Petróleos Mexicanos, sus empresas subsidiarias y filiales de 2006 a la fecha, y revisión del funcionamiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, en términos de lo dispuesto en el artículo 93 de la CPEUM).

Lo anterior, sin considerar los 89 grupos de amistad (de Alemania a Vietnam); dos grupos de trabajo (Continuidad al diálogo y la Concertación entre los alumnos de las escuelas normales rurales de Michoacán y los gobiernos estatal y federal y Organizador del foro de consulta sobre el tema de la política de drogas) y cuatro comisiones bicamerales (de seguridad nacional, del canal de televisión del Congreso de la Unión; del Sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión, y del Diálogo y la conciliación para el estado de Chiapas). Faltan las del Senado y una que otra de la Cámara de Diputados que haya quedado fuera del inventario.

Nadie conoce los resultados ni los beneficios, si los hubiera, de las sesudas investigaciones de ese enorme elefante blanco atomizado en decenas de comisiones y conexos. Eso sí, en cada una de ellas, más grupos de trabajo y etcétera, etcétera, sus integrantes, de todos los partidos, puntualmente cobran una iguala que se suma a su de por sí generosa dieta. Por cierto, en abril de 2005 la Junta de Coordinación Política autorizó la creación de la Comisión de investigación encargada de revisar la legalidad de los contratos de obra pública otorgados por organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria a la Empresa Construcciones Prácticas SA de CV (léase los jugosos negocios de los hijos de Martita Sahagún). La propia instancia legislativa la borró del mapa, de un plumazo, en marzo de 2006.

En fin, sirva el apretado recuento anterior para entender hasta dónde llegaría la siguiente decisión del Legislativo: “Comisión especial incluirá en investigación nuevo fraude a Banamex…” (La Jornada, Enrique Méndez y Roberto Garduño).

Las rebanadas del pastel

Ya entrados en gastos, la otra empresa que presuntamente defraudó a Banamex se llama Representaciones y Distribuciones Evya, vinculada con Calderón y propiedad de los panistas Francisco Javier y Luis y Roberto Camargo Salinas (La Jornada, Israel Rodríguez), consorcio que en los tiempos de la docena trágica (Fox y Calderón) se embolsó no menos de 80 contratos multimillonarios otorgados por Pemex Exploración y Producción (PEP), cuya dirección general ocupó Carlos Morales Gil a lo largo de una década, hasta su cómoda renuncia en febrero pasado, días antes de que reventara el asunto de Oceanografía. He allí una muestra de las tan cacareadas manos limpias de la cúpula blanquiazul. Por cierto, otros seis contratos le fueron otorgados ya con Enrique Peña Nieto en Los Pinos.

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