ara aquellos pesimistas que suponen que nada crece en este país (salvo impuestos, precios, fortunas de los Forbes mexicanos, utilidades de la banca y pobreza), el gobierno federal tiene a bien desmentirlos, porque están rotundamente equivocados: en sólo 15 meses de estancia en Los Pinos (hasta febrero pasado), la administración peñanietista logró incrementar en 846 mil millones de pesos el saldo de la deuda del sector público federal, sin considerar IPAB-Fobaproa, rescate carretero y Pidiregas de la CFE (el endeudamiento de los estados se contabiliza aparte).

Así es. El endeudamiento público crece vertiginosamente, en sentido contrario de la economía, y el grueso de la nueva deuda se utiliza para pagar intereses de la vieja deuda, y no a la inversión en obras o la realización de proyectos que generen ingresos adicionales, impulsen el crecimiento económico del país y generen beneficios para sus habitantes.

En su Informe mensual de finanzas públicas y deuda pública la Secretaría de Hacienda detalla que al cierre de febrero pasado el saldo de la deuda del sector público federal llegó a 6 billones 19 mil 545.3 millones de pesos, superior en 16.36 por ciento respecto del registrado el primer día de diciembre de 2012, cuando Enrique Peña Nieto se instaló en Los Pinos, sin considerar alrededor de un billón de pesos adicional por concepto de los adeudos por IPAB-Fobaproa (845 mil millones, en números cerrados), rescate carretero (cerca de 155 mil millones) y Pidiregas de la Comisión Federal de Electricidad (poco más de 49 mil millones).

Año tras año el erario destina multimillonarias cantidades para –se supone– el pago del servicio de la deuda (intereses, amortización de capital y pago de comisiones), y ésta no registra el mínimo descenso. Por el contrario, avanza sostenidamente: puntualmente se pagan los intereses y las comisiones, pero el principal queda pendiente o se cubre mínimamente, por lo que se contrata más deuda para alimentar ese círculo, y a estas alturas dicho saldo se encuentra en nivel histórico, el cual será superado al cierre de marzo y éste cuando concluya abril, y etcétera, etcétera.

De acuerdo con la información de Hacienda, al cierre de febrero pasado el saldo de la deuda interna del sector público federal fue de 4 billones 200 mil millones de pesos (en números cerrados), contra los 3 billones 568 mil millones registrado el día en que –supuestamente– se dio el cambio de gobierno. La diferencia entre una fecha y otra es de 632 mil millones de bilimbiques, o si se prefiere un avance de 18 por ciento en el periodo.

Por el lado del endeudamiento externo, el saldo pasó de 123 mil millones de dólares el primero de diciembre de 2012 a 137 mil millones de billetes verdes el último día de febrero de 2014, un incremento de 14 mil millones, o lo que es lo mismo 11.38 por ciento más, con un crecimiento económico –por llamarle así– apenas superior a uno por ciento. Y se quejaban del vertiginoso crecimiento de la deuda en el sexenio de José López Portillo.

Entonces, si se consideran los dos saldos –el interno y el externo– al 28 de febrero de 2014 los mexicanos debían (el gobierno se endeuda, los habitantes pagan) 6 billones 19 mil 545 millones de pesos, contra los 5 billones 173 millones registrados el primero de diciembre de 2014. Obvio es que en meses subsiguientes deberán mucho más.

Esas son las cifras concretas, reconocidas por la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, no se detalla el destino de tal endeudamiento, aunque, a manera de ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación documentó que “en el periodo 2006-2012 –el calderonato– el gobierno federal registró un endeudamiento neto de 2 billones 252 mil 680.8 millones de pesos, de los cuales más de 1.5 billones (67.7 por ciento del total, como promedio) se utilizaron para pagar el costo financiero de la deuda”, y poco más de 441 mil millones de pesos (alrededor del 20 por ciento) para cubrir el déficit presupuestal”.

Sólo en el último año del calderonato, abunda la ASF, se registró un endeudamiento neto de 412 mil 298 millones de pesos, de los cuales 257 mil se destinaron para el costo financiero de la deuda, equivalente a 62.3 por ciento del total, y de los 155 mil y pico de millones restantes, 151 mil sirvieron para cubrir el déficit presupuestario… En este ejercicio, la mayor parte de los recursos que se obtuvieron con el endeudamiento neto se aplicaron para el pago de los intereses y para cubrir el déficit presupuestario y no para la amortización de capital, por lo que la deuda continúa en aumento, cuando deberían destinarse a la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento de los ingresos públicos y del desarrollo económico y social del país”.

Si el nuevo gobierno mantuvo esa dinámica, entonces en 15 meses de estancia en Los Pinos la administración peñanietista habría destinado alrededor de 533 mil millones de pesos al pago de intereses y algo así como 171 mil para tapar huecos presupuestales, mientras la economía crecía a un ritmo apenas superior a uno por ciento. Con esa práctica y a ese ritmo, lo menos que se puede esperar es un crecimiento económico medianamente sostenible.

Lo anterior, desde luego, sin considerar otras deudas contingentes, como las llaman los tecnócratas, como la que mantiene el IPAB-Fobaproa, al que año tras año se le canalizan voluminosos recursos presupuestales, pero el monto se mantiene firme (alrededor de 845 mil millones de pesos). También la del rescate carretero autorizado en tiempos de Ernesto Zedillo: muchas de las carreteras rescatadas han regresado a sus concesionarios originales (los palomeados en tiempos de Salinas), pero el débito lo siguen pagando los mexicanos. Y ya entrados en gastos, los más de 49 mil millones de pesos en Pidiregas de la CFE, que también pagan los habitantes de este país, junto con crecientes tarifas por consumo de energía eléctrica. Aquí el próximo paso es que –ya de forma oficial y legal– las empresas privadas se queden con el sector eléctrico. Eso sí, ni lo sueñen: la deuda por Pidiregas seguirá a cargo de los mexicanos.

Las rebanadas del pastel

¡Sorpresa! Otro fraude en contra de Banamex, ahora por 30 millones de dólares, que se suman a los 400 millones de Oceanografía. Pues bien, todo apunta a que Javier Arrigunaga (ex director del Fobaproa y hoy en funciones de director general de Grupo Financiero Banamex) se verá en la penosa necesidad de hacer maletas e irse de viaje junto con Manuel Medina Mora, copresidente de Citigroup, a quien la trasnacional ya sancionó. Pero al final de cuentas este caso no es más que el clásico machetazo a caballo de espadas.

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