o termina de quedar claro cómo un delincuente tan peligroso como Joaquín El Chapo Guzmán, identificado por Washington como el capo de capos, al frente de una trasnacional del crimen y con un equipo de protección de 300 hombres armados –según había señalado el ex secretario de la Defensa, general Guillermo Galván−, terminó hospedándose en el cuarto piso de un condominio sin más escapatoria que la puerta de entrada, y sin un doble cinturón de pistoleros que le proporcionaran seguridad a distancia. De acuerdo con la averiguación AP/PGR/SEIDO/UEIDCS/069/2014, filtrada a un medio, le asistía un solo escolta: su secretario particular, Carlos Hoo Ramírez, al que agarraron dormido.

Ello alimenta la hipótesis de un acuerdo o entrega pactada, en el contexto de un montaje mediático dirigido a enturbiar y enrarecer la verdad de los hechos. Máxime, cuando el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró un día después que en el momento de la captura en el departamento del edificio Miramar, Guzmán estaba con su esposa Emma Coronel (ex reina del café y la guayaba, y sobrina de Ignacio Coronel, jefe de plaza del cártel del Pacífico en Jalisco, presuntamente abatido en Zapopan en 2010), y sus dos pequeñas hijas gemelas, Mali y María Joaquina. Osorio dijo que la mujer fue liberada porque no tenía absolutamente nada que ver con las acciones del delincuente, aseveración no creíble en el contexto de una operación quirúrgica por un comando de la Marina, sin capacidad para determinar in situ la culpabilidad o inocencia de nadie. Y en particular, tratándose de la esposa de El Chapo, en un país con cárceles repletas de mujeres que por una ínfima vinculación con asuntos de drogas, incluso involuntaria, son agraviadas, vejadas y sometidas a procesos durante años.

Según otra filtración de la Marina a Carlos Loret de Mola −quien participó en el telemontaje del consorcio Televisa y Genaro García Luna en el caso de Florence Cassez−, interrogado por sus captores a bordo del Learjet 60 que lo trasladó de Mazatlán al Distrito Federal, a la pregunta de por qué cuando se escapó de Culiacán no se fue a la sierra, Guzmán contestó: “Ya me iba a ir pa’l monte, pero no había visto a mis niñas”.

Otra incongruencia en la narración oficial tiene que ver con la insistencia en que no intervinieron agentes extranjeros. De una revisión cuadro por cuadro del video que registra el momento en que Guzmán es sacado del hangar de la Secretaría de Marina y conducido hacia el helicóptero Black Hawk que lo trasladó al Penal de Alta Seguridad del Altiplano, puede concluirse que al menos dos agentes de los US Marshal (cuerpo de alguaciles de Estados Unidos que depende del Departamento de Justicia) iban escoltando al detenido con el rostro cubierto por pasamontañas y portando el uniforme oficial de la corporación.

¿Qué hacían dos agentes federales estadunidenses en el traslado de un detenido en territorio mexicano? ¿Participaron en la captura de El Chapo en Mazatlán? ¿Fueron quienes tomaron las fotos que circularon en Washington antes que en México?

De ser así, el presidente Peña Nieto debería explicar con claridad y sustento legal y constitucional, qué tipos de acuerdo secretos tiene su gobierno con Estados Unidos, porque según la nueva narrativa, la pregonada transparencia, sobre todo en el área de la seguridad nacional mexicana, ha quedado en entredicho.

La trama oficial se complicó, además, la mañana misma de la captura, cuando Phill Jordan, ex director del Centro de Inteligencia de la DEA en El Paso, Texas, entrevistado por la cadena Univisión de Estados Unidos, declaró que “algo malo pasó entre el PRI y El Chapo”, ya que existen documentos de inteligencia estadunidenses que sostienen que Guzmán Loera metió mucho dinero a la campaña (política) del hoy presidente Enrique Peña Nieto.

(Cabe consignar que en agosto de 2012, poco después de la elección presidencial, información proporcionada por la FBI a la Policía Nacional española permitió desmantelar una célula del cártel de Sinaloa que se estaba asentando en Madrid, y que iba a ser dirigida por un primo del Chapo Guzmán. Uno de los detenidos fue Rafael Celaya Valenzuela, dirigente del PRI en el estado de Sonora, quien en su perfil de Facebook presumía sus fotografías con Peña Nieto en la campaña.

Analistas identificaron el suceso como un mensaje de Washington a Peña Nieto, en clave de calambre disciplinador para que al asumir la Presidencia se ajustara al guión de la guerra antidrogas).

Mencionado como el capo de los dos gobiernos de Acción Nacional, Guzmán conoce como pocos las redes de la corrupción y protección política, militar, policial y judicial de México, Estados Unidos, Colombia y otros países. Tiene información privilegiada sobre los canales que utilizan bancos y empresas públicas, privadas y de fachada para lavar dinero.

Como cuestionó Lorenzo Meyer, “¿qué pasaría con un buen interrogatorio al Chapo?” Emergería el directorio fantástico de la corrupción. Sin embargo, expertos adelantaron que Guzmán Loera no va hablar, porque es un personaje de la vieja escuela, y seguramente llegó o llegará a un trato para que respeten a su familia y parte de sus propiedades.

A finales de marzo, la filtración mediática de la averiguación previa del caso Guzmán reforzó la variable de una detención fortuita; ello, de acuerdo con la declaración ministerial de los marinos que intervinieron en la acción. Lo que vendría a significar que las autoridades mintieron aquí y en Estados Unidos y no hubo operación quirúrgica, labor de inteligencia de la Marina ni alta tecnología de geolocalización. Sin descartar, conociendo cómo se fabrican las diligencias judiciales en México, que la averiguación sea otra pieza dirigida a confundir más la trama para que nunca se conozca la verdad.

Y aún queda por explorar el papel de Ismael El Mayo Zambada y su hijo El Vicentillo (testigo protegido de la DEA), en la entrega pactada o traición al Chapo, y la fabricación de nuevos mitos.