a tragedia de los viajeros en autobús turístico, con saldo de cuando menos 36 muertos, es parte de la devastación nacional que se ha agudizado en los años recientes. A reserva de conocer los detalles específicos del accidente mencionado, cierto es que las vías de comunicación terrestre se han convertido en mortal trampa constante, ya sea por el acoso de grupos del crimen organizado o por la situación física de esas carreteras en cuyo contexto de construcción, mantenimiento y operación suelen concurrir procesos múltiples de corrupción y deterioro.

La transportación masiva de pasajeros es un signo cotidiano de barbarie en todo el país. Lo mismo en las zonas urbanas, donde los usuarios son condenados a un trato no sólo indigno sino incluso físicamente lesivo –tal cual puede comprobarse con la lectura cotidiana de la prensa que da cuenta de los accidentes de tránsito–, como en las vías federales, donde la ley de las empresas autotransportistas se rige por un lucro salvaje, sin que las autoridades muestren interés ni capacidad de intervenir para frenar tan sublevantes atropellos.

Esa red de prestadores de servicios de transporte público no se mantiene en virtual impunidad si no en función de las conexiones y complicidades que sostiene con funcionarios públicos, candidatos en campaña, dirigentes partidistas y toda laya de políticos que suelen acaparar permisos y concesiones y reciben fondos de esos transportistas para las actividades electorales y para el enriquecimiento personal.

Un rubro de esa corrupción sangrienta se da en el tema de las empresas dedicadas a servicios turísticos, las cuales están aún más distantes de cierta supervisión gubernamental (suponiendo que fuese seria y confiable). Es frecuente que esas firmas se valgan de vehículos desechados de líneas camioneras formales, y de operadores mal pagados y carentes de adecuados periodos de descanso. Precisamente en temporadas de vacaciones es cuando ese conjunto de insuficiencias y carencias se manifiesta en una nación que cotidianamente vive desgracias muy dolorosas, no sólo por el azar o el infortunio sino, en muchos casos, por la acumulación de condiciones de adelgazamiento de calidades, de falta de previsión, de tolerancia corrupta hacia fallas y otras circunstancias propias de una sociedad que sobrevive o muere casi sin ley ni gobierno.

A diferencia de lo que hizo en Michoacán, el gobierno federal se ha negado a repetir su fórmula del comisionado intervencionista en Tamaulipas. Altos funcionarios han expresado desde la ciudad de México que no hay necesidad de esa figura por cuanto las condiciones son distintas, lo cual, siendo cierto (como es cierto en cada estado del país), no significa que la crisis sea menor en el territorio donde sólo de manera formal ejerce el gobierno Egidio Torre.

Tampico ha sido un reciente escenario de continuas balaceras y enfrentamientos que ayer llevaron a una multitud de ciudadanos a manifestarse en las calles en demanda de paz. Pero lo mismo sucede en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, o en otras ciudades de la frontera que llaman chica y en múltiples lugares de la atosigada entidad que históricamente ha sido sede de grupos criminales y donde el verdadero poder lo ejercen el cártel del Golfo y los Zetas.

El gobernador formal de Tamaulipas ejerce funciones esencialmente dirigidas a su reproducción mediante boletines de prensa, arrinconado por los grupos en pugna y ejecutor tan sólo de algunas faenas escenográficas blindadas. No ha sido capaz de dilucidar las causas y responsables del asesinato de su hermano, que era candidato a la gubernatura y al que relevó luego que fue ejecutado. No hay razones para enaltecer su ejercicio de gobierno, sino todo lo contrario, pues durante su gestión se ha vivido una multiplicación de los actos criminales, con una población aterrorizada que sabe que no tiene alternativas para buscar soluciones ni justicia, pues los funcionarios y agentes policiacos de diversos niveles están abiertamente al servicio de los bandos criminales.

En Michoacán, mientras tanto, al comisionado Alfredo Castillo se le han ido enredando tanto los hilos regionales que difícilmente se podría hablar de que ha ido avanzando en su tarea con ciertos visos de éxito. En la agenda inmediata tiene el difícil reto de cumplir su exigencia de que los grupos de autodefensa se desarmen, lo que ha sido aceptado ya en tres municipios simbólicos, pero a la vez ha sido rechazado por el consejo de dirigentes de esas fuerzas, encabezado por el también simbólico Juan Manuel Mireles. La aparente contundencia que le habría dado el provenir de una decisión imperiosa de Los Pinos y el pasmo original de los grupos políticos locales ante el insólito golpe dado desde la ciudad de México se han ido diluyendo con rapidez y hoy Castillo no tiene base firme en el entramado de élites en Michoacán ni confiabilidad entre los segmentos en armas que impulsó, creyó controlar y hoy están en abierto conflicto con esas decisiones federales.

Astillas

Christophe de Margerie, presidente de la expansiva petrolera francesa Total, mostró una especial cautela respecto al desenlace de las negociaciones que ya sostuvo con el director de Pemex, en el marco de la visita de François Hollande. Dijo estar razonablemente optimista respecto a los protocolos que ya firmó con Emilio Lozoya para participar en la explotación de yacimientos marítimos (los llamó un marco de referencia), pero reconoció que debe esperar a que esté lista la armazón legal que se habrá de derivar de las discusiones y negociaciones en el congreso mexicano respecto a las leyes secundarias del ramo (http://bit.ly/1kJbbdt).

La pelea por el control del PAN está dejando a ese partido con tantas heridas que difícilmente podrán ser restañadas cuando termine el proceso formal de elección de dirigente. A sus etiquetas negativas originales, el partido de blanco y azul ha añadido durante las campañas de Gustavo Madero y Ernesto Cordero una colección descriptiva de corrupción, cizaña, hipocresía y cinismo. ¡Hasta mañana!

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