Saltillo, Coah., 13 de abril.

Treinta y nueve casas pertenecientes a familias desaparecidas desde 2011 en el municipio de Allende, en el norte de Coahuila, serán demolidas a partir de esta semana por el ayuntamiento, debido a que supuestamente representan riesgos para los vecinos y transeúntes, además de ser también nido de malvivientes, un foco de delincuencia.

En marzo de 2011 las viviendas fueron saqueadas y destruidas parcialmente por pistoleros del crimen organizado que irrumpieron en la localidad y se llevaron a familias completas como parte de una venganza.

Esas viviendas pertenecían a las familias Garza y Moreno; eran familias muy grandes, ahí vivían unas 300 personas que desaparecieron, afirmó el presidente municipal de Allende, Luis Reynaldo Tapia Valadez.

Interrogado sobre el número de personas que fueron levantadas, respondió: son 300 aproximadamente, pero no se descarta que sea un poquito más. Además mucha gente se fue por cuenta propia.

Según la Subprocuraduría para la Investigación y Búsqueda de Personas no localizadas en Coahuila, en la segunda semana de marzo de 2011, decenas de personas fueron privadas de la libertad por una célula del cártel de Los Zetas. El comando secuestró a hombres, mujeres y niños que estaban en las casas debido a su relación familiar, de amistad o laboral con Luis Garza y Héctor Moreno.

Estos últimos presuntamente estaban a cargo de las finan- zas de dicha organización criminal, de la cual de pronto trataron de desmarcarse. Ambos se encuentran actualmente en Estados Unidos, al resguardo del gobierno como parte de investigaciones por lavado de dinero.

La Procuraduría General de Justicia del Estado sabe que los secuestrados por los pistoleros fueron llevados a ranchos de las mismas familias, donde los ejecutaron y quemaron dentro de tanques de acero llenos de diesel.

Mucha gente desapareció y mucha más se fue de la comunidad, subrayó Tapia Valadez. Mencionó que integrantes de las dos familias lograron huir de Los Zetas y actualmente viven en Eagle Pass y en San Antonio, Texas. No quieren regresar, temen por su vida, dijo.

A partir de este lunes, con el apoyo de maquinaria y con el resguardo de la Secretaría de la Defensa Nacional y del Grupo de Armas y Tácticas Especiales del gobierno de Coahuila, las 39 viviendas van a ser demolidas, pues son un peligro para la gente, para los niños que salen de las escuelas y andan brincando ahí entre varillas, escombros; también son nido de malvivientes, un foco de delincuencia, señaló.

Explicó que mediante el Instituto Municipal de Catastro se trató de localizar a los propietarios; la mayoría no respondió y los que lo hicieron están de acuerdo en que las casas se terminen de derribar.

Desacuerdo de diócesis

El Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de la diócesis de Saltillo, no está de acuerdo en que las casas se derrumben, pues forman parte de las indagatorias sobre la desaparición de familias completas en Allende, de más de 20 mil habitantes.

“(Las casas) deben ser resguardadas; son escenas de crimen y en términos de investigación forense, pericial, tienen que ser resguardadas hasta que se agote el proceso y se diga que ya no es necesario asegurarlas”, expuso la directora del organismo, Blanca Martínez.

No obstante, en entrevistas por separado, el alcalde de Allende y el secretario estatal de Gobierno, Armando Luna Canales, aseguraron que las casas van a ser demolidas porque ya no forman parte de la investigación, pues ésta ya se agotó.