El proyecto de ley general de partidos políticos que acordaron las principales fuerzas políticas en el Senado incluye diversas obligaciones tendientes a garantizar mayor transparencia en el uso de las prerrogativas que reciben del erario y hace mayor énfasis en la prohibición de afiliaciones corporativas o gremiales. Asimismo, obliga a los partidos a conformar un órgano de justicia interno que regule los derechos de los militantes.

La iniciativa que los negociadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) concluyeron la madrugada de este viernes, destacan disposiciones que aumentan el control del gasto de los partidos. Disponen que éstos deberán facilitar las auditorías y procesos de fiscalización que realice el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando se trate de las finanzas nacionales. A escala estatal, podrá ser facultad del árbitro electoral o de los organismos públicos locales.

También destaca que los partidos políticos entregarán al órgano técnico (la Unidad de Fiscalización del INE), en los primeros cinco días de cada mes, una lista de nombres de los aportantes en dinero y en especie, y las cuentas de origen de las aportaciones realizadas en el mes inmediato anterior, que superen el equivalente a 300 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con la finalidad de que se analicen las operaciones financieras.

El órgano técnico de la Comisión de Fiscalización remitirá la lista a la unidad administrativa competente de la Secretaría de Hacienda, para que informe si los aportantes o sus cuentas tienen alguna investigación previa, en un término improrrogable de cinco días. De no pronunciarse al respecto, se entenderá que no existe irregularidad alguna.

Por lo que hace a la justicia intrapartidaria, el proyecto señala que los partidos establecerán procedimientos que incluyan mecanismos alternativos de solución de controversias. El órgano deberá estar integrado de manera previa a la sustanciación del procedimiento por un número impar de miembros; será responsable de impartir justicia interna y deberá conducirse con independencia, imparcialidad y legalidad, así como con respeto a los plazos que señalen los estatutos de los propios institutos.

En cuanto a la posibilidad de que el INE organice las elecciones internas de los partidos, el proyecto señala que en los estatutos partidarios se considerarán los supuestos en los cuales puede apelarse a esta posibilidad, aunque será con cargo a las finanzas del partido.

El INE podría rechazar esta posibilidad cuando considere que no hay condiciones de confianza hacia su gestión.

Los integrantes de las comisiones que dictaminan la legislación secundaria de la reforma político electoral concluyeron también el proyecto de dictamen de la ley general de instituciones y procedimientos electorales que sustituirá al Cofipe.

Tanto esta ley como la de partidos políticos serán discutidas en comisiones al regreso de las vacaciones de Semana Santa, con la intención de aprobarlas en la semana del 21 de este mes, cuando está citado a sesionar el Senado.