Legisladores, artistas, intelectuales y defensores de derechos humanos, encabezados por el senador panista Javier Corral y el perredista Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, concretaron ayer el Frente por la Comunicación Democrática, con la decisión de cerrar el paso a la iniciativa de leyes secundarias de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, ya que, dijeron, su propuesta pretende burlar la Constitución, mantener el privilegio de las televisoras y regresar al gobierno mecanismos de control autoritario.

Cadena humana, primera acción del manifiesto divulgado ayer

El Teatro de la Ciudad fue el escenario para crear el frente, que ayer dio a conocer un manifiesto con un plan de acción que incluye movilizaciones y formar una cadena humana de la residencia oficial de Los Pinos a las instalaciones de Televisa Chapultepec, el próximo día 26.

El recinto del Centro Histórico lucía lleno. En el podio, junto con Corral y Cárdenas estaban los senadores Alejandro Encinas, del PRD, y Ernesto Ruffo, del PAN; el dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Javier Sicilia; el defensor de derechos humanos Miguel Concha y otros activistas, así como el ex consejero del IFE Alfredo Figueroa y los actores Daniel Jiménez Cacho y Sophie Alexander, integrantes del colectivo El grito más fuerte.

También asistieron al acto la senadora perredista Dolores Padierna y la petista Layda Sansores, además de diputados del PRD y cientos de ciudadanos.

En su intervención, Cárdenas respondió a quienes, como el senador panista Javier Lozano, han descalificado a los que se oponen a la propuesta de Peña Nieto. El fundador del PRD los consideró voces de la oposición domesticada, que buscan “defender los monopolios, amordazar la libertad de expresión y acallar las voces libres.

Se quiere fortalecer los monopolios ya existentes en los medios de comunicación, lo que viola la Constitución y haría que nos rigiéramos por leyes anticonstitucionales. De eso estamos plenamente conscientes, más allá de ser o no especialistas en telecomunicaciones, recalcó Cárdenas.

A su vez, Corral, impulsor del frente, advirtió que la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado es una alambicada treta para mantener a Televisa como el ministerio de la información del régimen. Explicó que en la reforma constitucional de telecomunicaciones se incluyeron muchos y extensos artículos transitorios, incluso con especificaciones técnicas, ante el temor de que Televisa pusiera de rodillas al PRI y a Peña Nieto y trataran de burlarnos la reforma.

Frente a un auditorio que coreó consignas contra la televisora, Corral dijo que si se trata de una debilidad de Peña frente a quien lo hizo presidente, “no podemos ser indiferentes ante un poder fáctico que quiere llevar la agenda empresarial como si fuera la del país”.

Alertó: “en el Senado, el PRI y sus aliados parten del cálculo político de que ‘no pasará nada’; piensan que si en la reforma constitucional más importante de los últimos 100 años: la energética, no se manifestó la protesta social, en ésta menos. Demostrémosles que no es así, que aunque no seamos expertos en telecomunicaciones, sabremos defender nuestros derechos”.

Sicilia y Miguel Concha se pronunciaron contra la iniciativa presidencial, porque vulnera derechos, como la libertad de expresión y de información.

Sicilia dijo que esa propuesta vulnera la democracia, fortalece los monopolios y devuelve al gobierno su rostro autoritario. Resaltó las facultades que se otorgan a las instituciones de seguridad, como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, para obligar a los concesionarios, sin que medie orden judicial, a localizar usuarios y bloquear señales de telecomunicaciones en actividades que consideren críticas para la seguridad nacional.

Concha considera que se trata de un paso más, quizá el más evidente, en el intento del gobierno por ampliar y sofisticar sus mecanismos de control, al tiempo que refuerza su alianza con el duopolio de la televisión.

Beatriz Solís, especialista en medios; el dirigente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, Pablo Guillén Arroyo, de Colectivos por los Medios Sociales, y el catedrático José Luis Caballero, exigieron respeto absoluto a lo mandatado en la reforma constitucional en telecomunicaciones.

El manifiesto, que fue leído en partes por los integrantes del podio, convoca a los ciudadanos a difundir ampliamente las omisiones, insuficiencias y riesgos de la iniciativa conocida como Ley Peña-Televisa, así como a contactar directamente o por medio de las redes sociales a los senadores y diputados para exigirles que la legislación secundaria respete la Constitución.

Asimismo, se pide a los senadores Lozano, Alejandra Barrales y Graciela Ortiz, quienes presiden las comisiones dictaminadoras, que respeten el proceso legislativo.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, saludó la creación del frente y aseguró que en materia de telecomunicaciones el partido no permitirá regresiones.

Por su parte, el secretario general de ese partido, Alejandro Sánchez Camacho, indicó en redes sociales que los proyectos de ley de telecomunicaciones y radiodifusión del gobierno forman parte de un plan general de recentralización del poder en el Ejecutivo federal y, de aprobarse, pondrían en grave riesgo la libertad de expresión, el libre acceso a Internet, la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones y el futuro de la radio no comercial.

(Con información de Alma E. Muñoz)