l Pacto por México fue el resultado de una doble falencia. La parálisis política que amenazaba los fundamentos mismos de la estabilidad en el país. Al mismo tiempo una enorme debilidad orgánica y política de los tres partidos principales convenció a sus dirigencias que la ausencia de cooperación entre ellas había contribuido a la fragmentación y a la desarticulación. El Pacto contiene casi todas las demandas y propuestas formuladas por actores políticos y sociales, a lo largo del periodo que he denominado de administración de la decadencia
(1997-2012).
No era un pacto simétrico: la dirección del gobierno federal daba una mayor ventaja. Pero el punto unificador era recuperar el poder del Estado y reconstituir un poder fragmentado usufructuado por los poderes fácticos.
Sus puntos débiles eran cómo insertar en ese arreglo a las fuerzas políticas no partidistas, cómo impulsar una cultura de la deliberación pública frente a prisas y arreglos malhechos y cómo reconstruir el débil federalismo. En los ámbitos locales es mayor la desarticulación social e institucional.
Pero la razón por la cual hace agua se encuentra en su propio diseño. Primero dependiente de las reformas-que-el-país-necesita. Que éstas podían llevarse a cabo como en el pasado fue una idea anacrónica. Las reformas de los 90 necesitaron de dictaduras militares, de gobiernos autoritarios o de estados fuertes. Supusieron un consenso preexistente, una lectura del contexto internacional y una fortaleza en las intervenciones del Estado.
20 años después la construcción de consensos requiere un enorme esfuerzo de negociación política y una deliberada reconstrucción institucional. Implica entender la diferencia entre un contexto internacional acicateado por los inicios de la globalización y por el triunfo del capitalismo sobre el socialismo real; y otro, el actual, donde la crisis cuestiona el proceso mismo de globalización y el tipo de capitalismo financiero que ha establecido su hegemonía, donde las prácticas neo-proteccionistas se multiplican, el prestigio de los tecnócratas reformistas está cuestionado por decir lo menos y la gente, de las clases medias para abajo anda en las calles protestando.
El segundo problema de diseño fue que el impacto de reformas que requirieron de acuerdos específicos pero que limitaron la presencia de actores importantes de la sociedad, sólo cristalizaría en la implementación.
Ésta no culmina con el ciclo legislativo que va de las reformas constitucionales a la aprobación de la legislación secundaria. La clave está en su puesta en marcha, y ahí las reformas afrontan a la sociedad realmente existente y a sus actores, entre ellos de manera destacada a los poderes fácticos que se intentan regular desde el Estado. Adicionalmente, la profunda desvinculación de los partidos con respecto a la sociedad también propició el regateo legislativo sin consideración a sus efectos sociales.
El resultado de las reformas hasta hoy es que todas han terminado desfiguradas. La reforma educativa es imposible de implementar sin un amplio acuerdo con las bases magisteriales, lo cual exige una profunda democratización del sindicato nacional. En la de telecomunicaciones se imponen el duopolio televisivo en el proyecto de leyes secundarias afectando gravemente derechos fundamentales. En la energética emerge toda la pus de la corrupción alrededor de Pemex, aspecto que llevaba justamente a plantear una depuración de la empresa nacional y un mejor diseño regulatorio antes de abrir el sector a las empresas trasnacionales. La reforma fiscal ha terminado en un auténtico parto de los montes.
¿Qué sigue? Ojalá un acto de realismo de los actores políticos: rectificar el diseño y comenzar por dónde debieron comenzar.
Qué hacer para que la economía crezca. Cómo enfrentar mejor la inseguridad pública. Cómo combatir de manera integral la desigualdad.
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