éxico está inmerso en un caos. No se sabe qué novedad legislativa estará mañana en debate. Los gobernantes tiran de la cuerda según sus propios intereses, y con ello se despoja a personas y pueblos de sus derechos más elementales. Aun en medio de avalanchas de reformas y leyes secundarias, vislumbramos y denunciamos la construcción de un andamiaje legal para criminalizar la protesta social.
Organizaciones defensoras de derechos humanos presentaron en efecto el pasado miércoles 9 de abril el documento Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno
(http://ow.ly/vApVZ). En él dan cuenta por un lado de la protesta social como un derecho humano, y por otro revisan una veintena de nuevas legislaciones que regulan y limitan los derechos asociados a la protesta y a la libertad de expresión. Mediante un análisis fundamentado en instrumentos y estándares internacionales de derechos humanos, concluyen que en México se intenta legalizar la represión y la cancelación de la protesta social. Además, conforme pasa el tiempo, se afianza un sistema legal que pasa por lo penal y temas de seguridad nacional, encaminado a culpabilizar a toda aquella persona o grupo que muestren sus disensos, ahora no sólo en el espacio público, sino también mediante el uso de Internet. Todo lo cual es contrario a los derechos humanos y a un Estado democrático.
En el informe se dice de entrada que la libertad de expresión y la protesta son instrumentos indispensables para la realización de otros derechos fundamentales, y que están históricamente vinculados al fortalecimiento de la vida democrática y la construcción de sociedades más justas y dignas. Sin embargo, la legislación que proponen los congresos locales y el federal, antes que garantizar o ampliar los derechos a la protesta y a la libre manifestación, lo que en realidad hacen es inhibirlos y limitarnos de manera tajante, directa o indirectamente.
Según el informe, la criminalización directa se refiere a la regulación expresa del espacio público y de las manifestaciones sociales, así como a la restricción de los derechos que las integran. En al menos 11 propuestas legislativas a nivel federal y local se detecta una censura previa y directa, ya que se impone a las personas el dar aviso a las autoridades para que éstas den o no permiso para manifestarse. Establecen también la posibilidad de disolver las protestas, si a juicio de la autoridad estuviera en riesgo el orden público. Igual de grave es que contengan artículos abiertos y vagos que criminalizan a las personas por su simple aspecto o forma de vestir, y que de paso se aumenten desproporcionalmente las penas en delitos o faltas relacionados con concentraciones públicas.
Dichas propuestas se encuentran en congresos como los de Jalisco, San Luis Potosí y Quintana Roo, aunque también en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y en el Congreso de la Unión. Un ejemplo de ello es la controvertida Ley Sotomayor, impulsada por el PAN el año pasado.
Por otro lado, el mismo informe resalta la criminalización indirecta, que se relaciona con la aplicación de marcos normativos penales que pueden ser empleados en contextos de protesta. Destacó que se analizaron sobre todo seis iniciativas propuestas o aprobadas en materia constitucional, penal y en algunas leyes secundarias. Una de ellas fue la reforma al Código Penal Federal en materia de terrorismo. Respecto de ésta, ya se solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que inicie una acción de inconstitucionalidad, pues con razón se considera que inhibe derechos y facilita la criminalización de movimientos sociales. Otra legislación controvertida es la que se estableció en materia de geolocalización en el Código Nacional de Procedimiento Penales, que a juicio de las organizaciones contraviene derechos humanos. También se analizan las inminentes aprobaciones de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías, así como la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que atenta frontalmente contra los derechos a la libertad de expresión, de información y al acceso libre a tecnologías de la información.
Las reflexiones y denuncias que hacen las organizaciones nos llevan a pensar, y no con pocos elementos, que el Estado prepara el terreno para justificar legalmente la serie de arbitrariedades y violaciones de derechos humanos que realiza en contextos de protesta social, así como la limitación en el uso de comunicaciones que faciliten la organización social y política, así como el control del espacio público y digital. Este informe va además acompañado de un trabajo articulado de por lo menos una decena de organizaciones, incluida la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, y se fortalece con la creación de un Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, que pretende dar seguimiento a este tipo de legislaciones y a cualquier acción de los gobiernos encaminada a la limitación de la protesta y a la criminalización de los movimiento sociales.
Por medio de documentos de análisis como el que ahora se presenta, y de materiales gráficos y audiovisuales, la estrategia amplia va también acompañada de la difusión de información sobre este tema. En las redes sociales, el hashtag #QueNoTeApaguen ayudará a viralizar esta información. Pero el informe no sólo es de carácter informativo, pretende también ser una herramienta que ayude a las personas, organizaciones y movimientos a hacer frente a las intenciones de los gobiernos de limitar el derecho a la protesta. Aunque no pasamos por un buen momento, y pareciera que todo se pierde, es necesario seguir reivindicando la protesta como el medio idóneo para dinamizar la acción colectiva y mediante ella llevar al espacio público las exigencias de las personas y los grupos, sobre todo los que se encuentran en grave situación de vulnerabilidad, y que sin este mecanismo serían totalmente invisibilizados.
