omo se anticipara con oportunidad, sustituir el debate sobre el estado real de la salud y la seguridad social –heredada a Enrique Peña Nieto después del sexenio de Ernesto Zedillo y dos de gobiernos panistas– por la ingenua iniciativa para establecer un demagógico –aunque anémico– sistema de seguridad social universal con cuatro derechos exigibles, culminó en una micropensión no universal de 580 pesos mensuales y un abierto despojo a los trabajadores, publicitado como seguro de desempleo no universal.

Los grandes pendientes del asunto pensionario y los desafíos de la salud están en pie, aunque sustancialmente agravados. Las reiteradas alertas sobre el bajísimo nivel de las pensiones, así como la ola de inaceptables negligencias médicas que exhiben la realidad de los servicios de salud prestados, lo confirman. Peña y sus reformas que el país necesita sencillamente los esquivan. La bomba está dispuesta para estallarle al gobierno que triunfe en el proceso electoral de 2018.

Peña oferta al mundo global un México salarial barato en el marco de una franca desregulación ambiental. Para ello se activó, primero, la reforma laboral (noviembre de 2012) que, con los nuevos tipos de contratación aunados a la subcontratación legal ( outsourcing), afecta severamente las expectativas de alcanzar alguna seguridad social, especialmente para los jóvenes. Después, transformando la seguridad social integral en la protección social mínima, el secretario Alfonso Navarrete Prida suscribió con la OIT (junio de 2013) un convenio de cooperación para promover la aplicación de un piso de protección social básica, el primero que se firma en América Latina.

Este seguro descapitalizará al Infonavit, mermará el derecho a la vivienda, beneficiará a las Afore –incapaces de garantizar pensiones dignas– y bancos. No es universal: sólo ampara a los trabajadores del apartado A. Será operado por el PRI-Peña durante la elección intermedia 2015, promocionando el demagógico cumplimiento de su oferta de campaña: nuevos derechos de amplia vocación social.

No es nuevo: el SAR permite que los trabajadores retiren hasta 20 por ciento del saldo de su cuenta individual por desempleo. El alcance de sus beneficios es mínimo, como suscribe OIT. La prestación será para trabajadores permanentes, con seis pagos mensuales sobre el salario base de cotización (SBC) promedio de las últimas 104 semanas cotizadas. El primero, 60 por ciento; el segundo, 50 por ciento, y los meses restantes, 40 por ciento. Para eventuales, será un pago único de dos veces el SBC de las últimas 26 semanas cotizadas, a cargo de la subcuenta mixta. Se otorgará a partir del primero de enero de 2015 y el Ejecutivo lo evaluará en un término de dos años. ¿Cuánto es? Según la Secretaría de Hacienda, la prestación mensual promedio sumaría 2 mil 679 pesos. Es decir, ¡16 mil pesos en total! ( Reforma, 26/03/14).

¿A cuántos beneficiará en el periodo 2015-2018? Las proyecciones de Hacienda establecen un universo de 2.2 millones de trabajadores anuales, de los cuales hasta 91 por ciento dispone de ingresos menores a cinco salarios mínimos. En total: 11.2 millones de trabajadores en cuatro años. ¡Vaya universalidad!

El financiamiento proviene de una aportación patronal de 3.0 por ciento que se depositará en la subcuenta mixta de la cuenta individual del trabajador más 0.5 por ciento de aportación del gobierno federal a un Fondo Solidario. No implica una aportación patronal adicional, pues proviene de la reducción de la aportación a la subcuenta de vivienda que pasa de 5.0 a 2.0 por ciento. La subcuenta mixta será administrada por una sociedad de inversión especialmente constituida por el Infonavit o por una Afore, a elección del trabajador. Ella podrá utilizarse para pagar la prestación del seguro de desempleo, para financiar créditos hipotecarios o retiro.

Según Hacienda, el costo fiscal de esta simulación de seguro podría alcanzar los 23 mil 600 millones de pesos en promedio anual, de no aprobarse la contribución de los trabajadores. Con el despojo de 3 por ciento de su fondo de vivienda, Peña Nieto se ahorraría 14 mil 228 millones de pesos y erogaría sólo 9 mil 404 millones de pesos por concepto de la garantía del Estado de un salario mínimo cuando los recursos del trabajador se agoten.

Además, el seguro será de difícil acceso para quienes devengan minisalarios: la combinación entre bajo salario y periodo largo de cotización dificultará la capacidad de ahorrar lo suficiente como para autofinanciarlo. Hacienda estima que para que un trabajador con un salario mínimo pueda financiarlo con sus propios recursos, requeriría cotizar mínimo 200 meses: ¡16 años! Quienes reciben más de dos salarios mínimos necesitarían 90 meses: siete años. Todo ello, sin recurrir a los recursos del gobierno ( El Financiero, 20/03/14).

Ante este escenario, Alejandro Murat, titular del Infonavit, contempla que 190 mil millones de pesos de trabajadores que dejaron de cotizar (22 millones) podrían ser utilizados para financiar el fondo de desempleo si se realiza una reforma a la ley ( El Universal, 25/03/14). ¿Otro despojo, ahora sobre los que dejaron de cotizar?

La farsa de este seguro exhibe esféricamente el mito de la universalidad –Peña y la urgencia de abrir el eludido debate sobre el estado real en que se encuentran la salud y la seguridad social, así como las titularidades efectivas a las que tiene verdadero derecho el ciclo de vida-muerte de los mexicanos del siglo XXI. Hasta el responsable de la OIT, Guy Ryder, propulsor de los pisos de protección social básica, sugiere que sea sometido a debate público.

* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco