La posibilidad de atraer elecciones estatales, asociada al proceso de designación de los consejeros de los organismos públicos locales y la aplicación del nuevo modelo de fiscalización, es el aspecto que mayores desafíos implicará para el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE), consideró el consejero Enrique Andrade González.

Sin duda, advirtió, vendrá un importante periodo de transición para aplicar paulatinamente la reforma político-electoral.

En entrevista, aseveró que la entrada en vigor de las nuevas facultades, con la expansión de responsabilidades que implicará, podría derivar en una solicitud del instituto de que se aumente su presupuesto para poder hacer frente a esta nueva condición del árbitro electoral en relación con las facultades que tendría el desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE).

Señaló que en su momento, cuando se conozcan en sus términos las leyes secundarias de la reforma, se requeriría realizar un estudio para determinar el posible impacto presupuestal que se desprenda de ello. Recordó que con los cambios constitucionales de 2007-2008 se agregaron al IFE 53 nuevas facultades que debió absorber prácticamente con el mismo presupuesto, a pesar de que había áreas donde repercutió de forma importante, como el monitoreo de mensajes en radio y televisión.

En esta ocasión, dijo, se enfrenta una situación similar y se deberá buscar aprovechar la experiencia de 2008 para enfrentarla. Los recursos asignados al IFE para este año, y que por efecto de la reforma deberá ejercer el INE, ascienden a poco más de 11 mil millones de pesos, en los que se incluyen alrededor de 4 mil millones de prerrogativas de los partidos políticos.

Al abundar sobre los desafíos del INE, Andrade subrayó la importancia que tendrán las leyes secundarias para favorecer la correcta aplicación de la facultad de atracción de procesos electorales y, al mismo tiempo, de definir la relación con los organismos públicos. Está claro, señaló, que en caso de no aprobarse la legislación secundaria sería inviable ejercer la facultad de atracción, pues existe un artículo transitorio en el decreto de reforma constitucional que enfatiza que la designación de consejeros ocurrirá una vez que se apruebe dicha reglamentación.

Enrique Andrade González, consejero del Instituto Nacional ElectoralFoto José Antonio López

Para Andrade, otra modificación que aún requiere de muchas precisiones es la forma en que se desahogarán los procedimientos especiales sancionadores, dado que las modificaciones en materia político-electoral determinaron que será el INE el que realice las investigaciones relacionadas con un recurso, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será el responsable de resolver.

No está claro aún, por ejemplo, si esta facultad se ejercerá solamente por medio del área ejecutiva –que en los términos actuales la turna al final al Consejo General para que resuelva– o los consejeros tendrán injerencia en el proceso.

Por otro lado, destacó la importancia que tendrá para la institución posicionar la nueva condición del INE, como herencia del IFE. Está claro que para la autoridad electoral la participación ciudadana es un elemento clave que se requiere preservar, pues es la sociedad la que realiza las elecciones con su participación como funcionarios de casillas.

En esta lógica, destacó que la determinación de preservar en lo fundamental el logo del IFE –sólo con el cambio de N por la F– tuvo el sentido de no generar confusión en la población sobre el nuevo organismo.