En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se da por un hecho que se desechará la demanda presentada ayer por Andrés Manuel López Obrador en la que pide al ministro presidente Juan N. Silva Meza que se pronuncie sobre la procedencia de la consulta popular relativa a la reforma energética.

Trascendió, sin embargo, que la presidencia de la Corte aún analiza la forma en que justificará su negativa.

Funcionarios consultados comentaron que una posibilidad es que el ministro presidente, Silva Meza deseche de plano por improcedente, la petición de López Obrador, en la que pidió que la Corte defina si validará la consulta con la que se pretende que la ciudadanía se pronuncie respecto a si está de acuerdo con la privatización de la industria energética.

La otra alternativa es que Silva Meza turne el caso a algún ministro para que elabore el proyecto de dictamen correspondiente, el cual también desecharía de plano la demanda, con la diferencia de que sería el pleno el que ratificara el proyecto en unos meses.

Se espera, dijeron los entrevistados, que en las próximas horas la Corte oficialice su posición.

De acuerdo con fuentes judiciales consultadas, el máximo tribunal ya fijó el 26 de marzo pasado la hoja de ruta a seguir, cuando rechazó la petición del PRD para que los ministros se pronunciaran sobre la consulta popular impulsada por ese partido político.

La mayoría de ministros determinó que cualquier consulta popular solicitada por la ciudadanía, en su primer fase, depende de que el Congreso reciba formalmente la petición ciudadana y envíe al Instituto Nacional Electoral (INE) las firmas de los ciudadanos que demandan la realización de la consulta, las cuales deben sumar al menos 2 por ciento de la lista nominal de electores.

Una vez que el INE valide las firmas, entonces la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores (la que haya iniciado el trámite) tendrá que solicitar a la Corte que determine si la consulta solicitada es constitucional.

Si los ministros dan luz verde, entonces serán los encargados de verificar que la pregunta que se hará a la población (el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador y el Partido de la Revolución Democrática –PRD–, el cual ya inició el trámite también ante el Senado para que se lleve a cabo una consulta similar) durante la elección federal del año 2015 no sea inducida o que pretenda influir en los votantes.

En todo caso, lo que resolvió la mayoría de ministros fue que la Suprema Corte sólo intervendrá en el proceso de consulta popular, hasta después de que el INE valide las firmas y el Congreso solicite formalmente la intervención de los ministros, antes no.