nas cuantas de cal por las que van de arena. Últimamente diversos actores de la sociedad chihuahuense han tenido importantes avances al lograr el amparo de la justicia federal para sus luchas y sus demandas. Y van por más.

Lo más reciente es el triunfo de la comunidad indígena de Bosques de San Elías-Repechique, en la sierra Tarahumara. Lograron el amparo de la justicia federal para suspender de plano las obras del aeropuerto regional de Creel, hasta “… en tanto se resuelva la controversia interpuesta por la comunidad rarámuri en contra del Fideicomiso Barrancas del Cobre por la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado y las afectaciones de las que han sido objeto a consecuencia de las obras de construcción referidas”. Hay que decir que dichas obras interfieren los caminos de los niños de la comunidad hacia su escuela y el recorrido ritual de la comunidad.

Este amparo se viene a sumar a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, marzo de 2012) a favor de la comunidad indígena de Huitosachi, municipio de Urique, que obliga a los tres niveles de gobierno a constituir el consejo consultivo Barrancas del Cobre, como lo establece el decreto que dio origen al fideicomiso del mismo nombre.

También se suma el fallo en segunda instancia a favor de la misma comunidad en contra de Fomento Agropecuario Campo Lindo SA de CV y de los hermanos Andrés Arturo y Jaime Federico Elías Madero, otorgado por la segunda sala civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, mediante el cual se resuelve que los rarámuri ahora serán legalmente los legítimos propietarios de las tierras localizadas en ese lugar (2009-2014).

El gobierno del estado, además de no haber ejecutado aún la sentencia de la SCJN, ha reaccionado con furia ante la detención de las obras del aeropuerto de Creel. Ha enderezado sus diatribas contra las comunidades indígenas y contra la organización que los asesora: Contec, Asesoría Técnica Comunitaria. Contra ésta, la Secretaría de Economía estatal ha promovido una auditoría fiscal a la de ya.

Por otro lado, una y otra vez ataca a esta organización y a las comunidades porque defienden intereses extranjeros… El gobierno puede apoyar en todo a las trasnacionales; a las compañías mineras que depredan la sierra Tarahumara y contaminan las fuentes del río Yaqui. Puede favorecer el establecimiento de más maquiladoras sin exigirles que eleven las condiciones de vida de los trabajadores. Impulsar el fracking en la frontera este y noreste del estado para que las trasnacionales vengan a acabarse la poco agua que resta y a arrasar el desierto… pero que a una comunidad indígena y una organización gubernamental que la apoya, o a una organización civil de defensa de los derechos humanos, no se le ocurra recibir un dólar de la cooperación internacional, porque entonces súbitamente le brota el celo nacionalista.

No sólo son las comunidades indígenas quienes han logrado importantes resolutivos de la justicia federal. En noviembre de 2012 el Congreso del estado realizó los nombramientos de dos consejeras propietarias y siete suplentes al Instituto Chihuahuense de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, atendiendo seguramente los dictados del Ejecutivo del estado y de su partido. Pero el contendiente que más alta calificación obtuvo en el examen de conocimientos y competencias, el licenciado Rodolfo Leyva se inconformó y en enero pasado logró que un juez de distrito le otorgara el amparo de la justicia federal.

En sus alegatos Leyva mostró que las dos consejeras designadas por el Congreso habían obtenido calificaciones mucho menores a la de él, e incluso una salió reprobada. Basado en parte en esto y en lo atropellado del proceso, el mandato del juez fue claro: el Congreso debería destituirlas y volver a realizar el proceso de elección de los dos propietarios y los siete suplentes a más tardar el 28 de marzo pasado, pero además, cada diputado o diputada debe razonar por qué opta por tal o cual candidato de los 20 finalistas de la elección de 2012, donde figura, por supuesto, el licenciado Leyva.

Lamentable y lastimero se ha visto el Congreso chihuahuense. Su tardanza en elegir a los nuevos consejeros o consejeras ha sido directamente proporcional a la premura en aprobar la reforma constitucional en materia energética, que efectuó en 48 horas, atropellando todos los procedimientos legislativos, en diciembre pasado. Destituyó a las consejeras porque no le quedaba otra, pero el coordinador priísta tuvo que ir a suplicarle al juez que le otorgara una prórroga, que se vence hoy 11 de abril, para designar a los nuevos consejeros y consejeras.

Al momento de escribir estas líneas se estaba citando a sesión extraordinaria del Congreso para el jueves 10. Todo parecía indicar que la mayoría priísta y sus aliados votarían exactamente igual que sus antecesores en noviembre de 2012, dejando fuera a las personas más calificadas e independientes. Si esto se consuma, estaríamos asistiendo a la posibilidad real de que al menos 22 diputados sean destituidos y enviados a prisión por desacato a la orden de un juez.

Motivadas por estas victorias legales, diversas organizaciones sociales de Chihuahua han presentado la candidatura de la licenciada Irma Villanueva, competente y honesta abogada del Centro de Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, para la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. De nuevo, todo parece indicar que la mayoría tricolor se inclinará por relegir al actual presidente, interpretando los deseos del C. gobernador.

Sin embargo, el camino ya está marcado por los triunfos de las comunidades indígenas y del licenciado Leyva: si las mayorías automáticas y autómatas del Congreso no escuchan la voz de la sociedad organizada, habrá de nuevo recurso a la justicia federal. Sólo así podrá avanzar nuestra coja democracia.