Para lograr una reforma profunda al campo, el gobierno federal prometió la realización de una consulta con tiempos y plazos precisos, e incluso replantear programas y subsidios para este sector.

Realizaremos foros en todo el país, en cada región; convocaremos a expertos y a quienes se desempeñan en actividades agropecuarias. Es una consulta con tiempos y plazos precisos, diseñada para fortalecer el diálogo constructivo, ofreció el titular de la Secretaría de de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Representantes de las principales organizaciones sociales y empresariales de la producción agropecuaria, enviados de los gobiernos federal y estatales, legisladores y académicos instalaron ayer el Comité Permanente de Reforma del Campo.

Los participantes trabajarán juntos por tres meses (del 22 de abril al 31 de julio); para esta enmienda sí habrá consultas regionales, con la participación de expertos. El gobierno federal prometió hacer política para el campo y no política del campo.

Osorio Chong aseveró que el bloque gubernamental participará en este proceso con mente abierta para revisar y, en su caso, replantear los programas de apoyo.

Propuso aprovechar el momento de grandes transformaciones que vive México y su impulso reformador para generar una reforma con resultados concretos que vayan más allá, dijo, de las promesas y la retórica.

Los exhortó a privilegiar coincidencias para conseguir una profunda reforma al campo, a fin de lograr su modernización, con justicia, productividad y equidad social.

El mensaje de Osorio Chong fue leído por el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, en la reunión realizada en el Palacio de Covián; inicialmente estaba programada la asistencia del secretario, pero su agenda en Chiapas se demoró más de la cuenta.

Los compromisos los escuchados por líderes de las organizaciones de productores y comercializadores de los productos del campo.

Para los líderes de los pequeños productores persiste la incertidumbre y la incredulidad ante las promesas, por lo que exigieron medidas específicas para combatir el control monopólico de la producción y comercialización de productos de consumo generalizado.

Además, tomar acciones efectivas de intervención en el mercado. Los líderes proponen la creación de un organismo público regulador (con la fusión de Diconsa y Liconsa), así como medidas concretas para atajar la obesidad y desnutrición que aqueja a buena parte de la población.

De igual forma solicitan al Congreso de la Unión la realización de un periodo extraordinario de sesiones para concretar las reformas legales derivadas del proceso de consulta.

En esta negociación está en juego un mercado cuyo valor anual aproximado es de 750 mil millones de pesos. Aquí participan 4 millones de productores para 119 millones de consumidores.

“Es necesario que el Estado mexicano meta orden. El nivel de concentración oligopólico es excesivo, intolerante… Esto es la ley de la selva”, dijo Alfonso Ramírez Cuéllar, líder de El Barzón.