La justicia de Texas ejecutó ayer mediante inyección letal a Ramiro Hernández Llanas, originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, declarado culpable del homicidio del ranchero y profesor universitario Glen Lich, el 14 de octubre de 1997.

Tras la aplicación de la pena capital, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), expresó su enérgica protesta por la muerte del connacional y subrayó el incumplimiento por parte de Estados Unidos del fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado hace más de 10 años por el caso Avena.

Por la mañana, la familia de Ramiro se despidió de él en una visita de cuatro horas realizada en la unidad carcelaria Polunsky. Acudieron su madre, Martha Llanas Zamora, de 75 años de edad, así como seis de sus hermanos y varios sobrinos. El sentenciado incluyó a sus hermanos Adelita y José en la lista de quienes podían asistir a su ejecución.

Hernández Llanas aprovechó su última declaración para ofrecer disculpas a la familia del profesor universitario al que asesinó en 1997. ‘‘Pido perdón a la familia de mi jefe’’, dijo.

Antes de que se consumara la pena capital, Amnistía Internacional (AI) había hecho un llamado al gobernador de Texas, Rick Perry, para que detuviera la medida. ‘‘Siempre tendremos esperanza hasta el último minuto, porque el gobernador tiene la autoridad de detener esto, no es tarde aún’’, dijo a Notimex el investigador del organismo Rob Freer.

‘‘Asesinato fundado en prejuicios raciales’’

Más tarde, Amnistía lamentó la muerte de Hernández Llanas, la que consideró un ‘‘cruel asesinato’’ consumado en contra del derecho internacional. ‘‘No hay nada más absurdo que una atrocidad cometida en nombre de la justicia. Lo que sucedió hoy (ayer) no fue más que un asesinato fundado en prejuicios raciales. En la mayor parte del mundo sería un crimen, pero las autoridades de Texas han tenido el descaro de llamarle justicia’’, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.

Hernández Llanas se convirtió en el décimo mexicano al que se aplica la pena de muerte en Estados Unidos desde que el país reactivó esa condena, en el año 1976; también es el segundo en ser ejecutado este año, luego de Édgar Tamayo Arias, el 22 de enero pasado, y el cuarto ‘‘en franca violación’’ al fallo de la Corte Internacional de Justicia dictado por el caso Avena.

La ejecución contravino una serie de condiciones que, de acuerdo con organismos internacionales, hacían al reo inelegible para el castigo capital. En un comunicado, la cancillería mexicana aseguró que Estados Unidos debía ‘‘revisar y reconsiderar el veredicto de culpabilidad y la sentencia a muerte impuesta a Hernández Llanas, obligación que subsiste respecto de los otro 50 connacionales incluidos en dicha decisión’’.

La SRE afirmó que el gobierno mexicano ‘‘desplegó en tiempo y forma’’ una serie de acciones legales, políticas y diplomáticas, tanto en Estados Unidos como en otros países, y agotó todas las instancias a su alcance con el fin de frenar la condena. Detalló que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emitiera medidas cautelares ordenando a Washington la suspensión de la ejecución, mismas que por la gravedad, urgencia y carácter irreparable fueron otorgadas por la CIDH el 31 de marzo pasado.

También el titular de la SRE, José Antonio Meade, y diversos legisladores federales solicitaron por escrito al gobernador de Texas, Rick Perry, y a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado de Texas la suspensión de condena.

El Senado mexicano también emitió un punto de acuerdo en el que reiteró un ‘‘exhorto respetuoso’’ al Congreso de Estados Unidos para que apruebe cuanto antes el lenguaje legislativo que permita cumplir el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Incluso a través de sus embajadas, el gobierno de México realizó gestiones ante varios países, logrando que se sumaran a este llamado Argentina, Australia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perú, Suiza y la Unión Europea.