a suspensión del funcionamiento de 11 estaciones de la línea 12 costará más de mil cien millones de pesos. El Gobierno del Distrito Federal indicó que los trabajos para eliminar las fallas que provocaron inseguridad costarían 496 millones, pero a ese monto es indispensable sumarle los costos sociales, los que tienen que pagar todos los días los 450 mil usuarios por el enorme incremento en los tiempos de traslado hacia sus destinos, así como las decenas de miles de personas que sin usar la línea se beneficiaron de ella. Estos costos, estimados muy conservadoramente, suman más de 610 millones de pesos.
Cuando el Gobierno del Distrito Federal decidió emprender construir una nueva línea de Metro, consideró los costos que le significaría, así como los posibles ingresos que le reportaría. Sus consideraciones, sin embargo, no se limitaron a esto. También consideró que con esas grandes obras resolvía problemas importantes para quienes vivimos en esta ciudad. Esta consideración implicó cuantificar los beneficios sociales. Un gobierno incorpora en su razonamiento costos y beneficios que no tienen precio de mercado.
Para cuantificar estos precios
hay procedimientos desarrollados que proporcionan posibilidades de cálculo, por ejemplo, del tiempo que ahorran los usuarios por la mejoría de un sistema de transporte como el Metro o los segundos pisos. El método habitual para hacer esto, nos dice el conocido manual escrito por J. Stiglitz, La economía del sector público, consiste en intentar averiguar el salario de las personas que utilizan el sistema de transporte; en determinadas circunstancias ideales, el salario constituye una medida de la valoración que da el individuo a su propio tiempo
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De esta manera, es posible conocer el costo del ahorro del tiempo de transportación en salarios promedios de los usuarios del sistema de transporte. Así el Gobierno sabe que una obra que costó 24 mil 500 millones de pesos, como la obra civil y electromecánica, más otros 18 mil millones por el arrendamiento durante 15 años de los trenes que se utilizarán en la línea nueva, se compensan por el ahorro en tiempo de los 450 mil usuarios diarios de esa línea, más el tiempo ahorrado por quienes pese a no usarla reducen sus tiempos de traslado por la reducción del aforo vehicular.
Sobre esto no hay discusión. Sin embargo, cuando el Gobierno del Distrito Federal decidió cerrar 11 estaciones de la línea 12, hizo públicos los costos estimados para corregir las vías, así como el desgaste de las ruedas de los trenes. Señaló que, en principio, esto representaría 495 millones de pesos. Más allá de si la estimación resultará certera, es evidente que el gobierno omitió incorporar los costos sociales que en horas adicionales de traslado tienen que dedicar los usuarios de esa línea y todos los otros que se habían beneficiado sin usarla y que ahora se han visto perjudicados.
El procedimiento es el mismo: estimar estos costos en términos salariales: si la mitad de los pasajeros diarios de esa línea son asalariados y, para simplificar, ganan el salario mínimo, con el cierre de la línea están usando dos horas y media diarias adicionales el costo social diario sería de 4 millones 730 mil 625 pesos. Estos usuarios trabajan cinco días a la semana y la línea estará cerrada 26 semanas (seis meses); el costo en tiempo perdido por el cierre medido en salarios mínimos sería de 614 millones 981 mil 250 pesos.
Estos costos sociales, medidos conservadoramente, son superiores a los costos por los trabajos que se realizarán. Ningún gobierno puede soslayarlos, mucho menos uno que pretende tener un compromiso ideológico y político con los trabajadores. Estos costos no se compensan con lo que ha ofrecido la administración del Metro. El gobierno y el Metro tendrían que reconocer el costo que están pagando quienes se beneficiaban con la línea 12 y asumirlos como parte de las pérdidas provocadas por lo que falló y obligó al cierre de la línea dorada
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