asta ahora, las redes de Internet se han sostenido como un excepcional medio de comunicación masiva al que en términos generales el poder político no ha podido condicionar o someter. Gobernantes de diversos niveles han pretendido difundir sus tesis y puntos de vista a través de oleadas propagandísticas que por su caracter oficialista no generan sino rechazo y burlas de internautas libres. Otras oficinas de gobierno han creado cuentas robotizadas para boicotear, atacar o desvirtuar mensajes o tendencias que les son incómodas.

Pero, en términos generales y a pesar de los excesos, imprecisiones e incluso cegador apasionamiento que pudiesen darse en esos ejercicios ciudadanos de denuncia, crítica y organización de protestas, los grupos encaramados en los timones públicos han tenido que soportar la irrupción de esas voces que les son incontrolables y no sólo difunden cuantiosamente textos o imágenes que los medios tradicionales no reproducen, sino que han obligado en muchas ocasiones a políticos, instituciones y gobernantes a darles respuesta y a buscar la manera de paliar aunque fuese en lo inmediato algunos de los agravios que se hubiesen cometido.

En tales condiciones es natural que el gobierno peñista haya incluido el punto de la Internet en la iniciativa de ley relacionada con las telecomunicaciones (no sólo se busca mantener en la opacidad pillerías y equívocos actuales sino, sobre todo, los venideros, tanto en materia de protesta social que podría crecer como en asuntos electorales con sus consiguientes denuncias y movilizaciones). Con apetitos represivos desatados, se pretende condicionar, acotar, suprimir o controlar determinados tramos del ejercicio cibernético ciudadano. El regreso del PRI a Los Pinos significó también el retorno de viejas prácticas de dominación de los medios de comunicación, sobre todo mediante los paquetes de publicidad utilizados como fórmula para premiar o castigar, según sea el comportamiento de cada empresa informativa. Así que los estrategas del poder han considerado que llegó la hora de instalar mecanismos de ajuste a la libertad internética.

Contra esos propósitos censores se han levantado diversas voces, coincidentes en la necesidad de denunciar y enfrentar las múltiples maniobras contenidas en esa iniciativa de leyes secundarias, sobre todo por cuanto se proponen mantener a salvo el interés económico, técnico y político de las televisoras favoritas, Televisión Azteca y, marcadamente, Televisa. Contra esa propuesta de leyes reglamentarias en materia de telecomunicaciones, y en particular contra el apartado lesivo correspondiente a Internet, se ha organizado una marcha (para promoverla se ha usado la etiqueta #NoMásPoderAlPoder) que irá hoy, luego de las 6 de la tarde, de las instalaciones de la empresa de Emilio Azcárraga, en avenida Chapultepec, a la sede del Senado.

Aun cuando a muchos les parecía increíble, lo cierto es que el movimiento #PosMeSalto no infringió ninguna norma jurídica a la hora de pasar los torniquetes del Metro sin pagar el servicio. Ya fuese por prudencia política, por falta de sustento jurídico para actuar contra los brincadores o por una mezcla de ambos ingredientes, el gobierno de Miguel Ángel Mancera se abstuvo de intentar acciones físicas o judiciales contra quienes practicaron esa novedosa forma de protesta pública por la elevación de tarifas en el principal transporte masivo de la capital del país. En las contadas ocasiones en que algún manifestante fue detenido, las instancias administrativas decidieron no seguir adelante, pues en caso de insistir en encarcelamientos o multas también habrían debido fijar formalmente los fundamentos (que no existen) de esas acciones policiacas.

En un reconocimiento palmario de ese vacío legal que impedía actuar contra quienes frente a agentes de vigilancia entraban a estaciones del Metro sin boleto alguno, Miguel Ángel Mancera ha enviado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal una iniciativa para que el ingreso a esas instalaciones, sin pagar el pasaje, sea castigado con un encarcelamiento que irá de 25 a 36 horas, o el pago de una multa que será de 21 a 40 días de salario. Los ejecutores del #PosMeSalto o sus múltiples variaciones sufrirían sanciones aun por encima de los vendedores ambulantes conocidos como vagoneros, cuyas actividades también serían especificadas como infracciones administrativas, según la misma iniciativa de Mancera, quien decidió incluir en el mismo paquete a brincadores y a comerciantes informales, sancionando más a los primeros que a los segundos pues, según la nota de Ángel Bolaños publicada ayer en La Jornada (http://bit.ly/1gMuDOg), en ambas circunstancias habría la misma temporalidad en caso de arrestos, pero no en cuanto a pagos de multas, pues a los vendedores informales se les puso como tope 30 días de salario mínimo y a los manifestantes 40.

Astillas

En mal momento ha dado a conocer la Comisión de Valores de Estados Unidos el soborno por un millón de dólares que una filial de Hewlett-Packard entregó a algún funcionario de Petróleos Mexicanos para quedarse con un contrato de servicios. Esas prácticas de corrupción se mantienen vivas, en tiempo real, y con más razón teniendo a la vista el enorme pastel de la reforma energética cuyas rebanadas trasnacionales siempre serán comisionables… La visita a México del presidente francés, François Hollande, será tersa y grata para las élites involucradas, pues se resolvieron las tensiones relacionadas con Florence Cassez, al allanarse la Suprema Corte, gracias al interés de Los Pinos, a su excarcelación. Además, varios empresarios importantes del país europeo forman parte de la comitiva de Hollande, con la vista puesta en los muchos negocios que pueden hacer en México, sobre todo en terrenos energéticos… Y, mientras hoy a las 19 horas se presenta en el Centro Cultural España el libro fotográfico Lumini(e)scencias, de Alejandro Meléndez, ¡hasta mañana, con Egidio Torre, el gobernador del hirviente Tamaulipas, advirtiendo que no necesita un comisionado al estilo Michoacán!

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